El Gobierno aprueba una histórica reforma de la carrera judicial y fiscal
El Consejo de Ministros aprueba la mayor reforma en 40 años, impulsando el acceso y la profesionalización de las carreras judicial y fiscal.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la remisión al Congreso del Proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, una reforma histórica que revisa la Ley Orgánica del Poder Judicial, vigente desde hace 40 años. El objetivo es modernizar y fortalecer el acceso a estas carreras, además de promover la autonomía del Ministerio Fiscal.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó la reforma de «valiente», destacando su capacidad para atraer talento y aumentar el número de jueces, fiscales y magistrados en el país. Con la modificación, se incorporan nuevos procedimientos para garantizar más transparencia, garantías y certeza en los procesos de promoción dentro del sistema judicial.
Acceso igualitario a la carrera judicial y fiscal
Uno de los aspectos clave de la reforma es la mejora en el acceso a la carrera judicial y fiscal. Aunque se mantiene el sistema de oposiciones, se fortalecerá con una nueva prueba escrita centrada en el razonamiento jurídico. Además, los opositores con bajos niveles de renta podrán acceder a una beca que cubrirá el Salario Mínimo Interprofesional, lo que facilitará la preparación de las oposiciones durante hasta cuatro años.
La reforma también contempla la creación del Centro de Estudios Jurídicos como un centro público de preparación, que contará con delegaciones en diversas provincias para facilitar la preparación de opositores en todo el país.
Fortalecimiento de la carrera judicial
Con esta reforma, el número de jueces y fiscales aumentará para hacer frente a la alta demanda de servicios judiciales. Se creará un cuarto turno en la carrera fiscal y se modificará el turno judicial de acceso. Según Bolaños, uno de los grandes retos ha sido aumentar el porcentaje de jueces y fiscales que acceden por este turno, cuyo objetivo es que el 25% de los nuevos profesionales provengan de esta vía, frente al actual 8%.
Además, se pondrá en marcha un proceso extraordinario de estabilización para jueces sustitutos y fiscales interinos, un paso para cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea.
Desarrollo y especialización en la carrera judicial
La reforma también introduce un sistema de ascensos automáticos para jueces y magistrados después de cinco años de servicio, además de nuevas especializaciones, especialmente en áreas como el derecho mercantil y la violencia de género. Con ello, se busca mejorar la eficiencia y especialización del sistema judicial español.
Mayor transparencia y control
Otro de los objetivos de la reforma es garantizar la transparencia en los procesos judiciales. Se modifica la composición de la Comisión Ética Judicial, creando un registro público donde se reflejarán los jueces y magistrados que preparen opositores. Además, se establece la prohibición de la financiación privada de asociaciones judiciales, lo que busca evitar conflictos de interés.
Reforma del Ministerio Fiscal
Junto a la reforma judicial, también se aprobó una reforma del Ministerio Fiscal, que se encargará de la instrucción de los procesos penales, una competencia que actualmente recae sobre los jueces. El cambio garantizará que los fiscales lideren las investigaciones penales, con un juez actuando como garante de los derechos de los investigados. Este cambio coloca a España en línea con los estándares europeos.
El nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerza su autonomía, desvinculando la duración del mandato del fiscal general del Estado de la del Gobierno y prohibiendo las injerencias del Ejecutivo en sus decisiones. La reforma también contempla la creación de un sistema de colaboración entre la Fiscalía española y la europea.
Con esta reforma, el Gobierno da un paso decisivo para modernizar el sistema judicial y fiscal, promoviendo la profesionalización, la transparencia y la eficacia en la administración de justicia.
