La Consejería de Fomento intensifica la inspección urbanística y advierte sanciones de hasta 120.000 euros por incumplimiento
La Junta de Andalucía ha reprecintado más de 300 parcelas y edificaciones ilegales construidas sobre suelo rústico en los municipios de La Línea de la Concepción, San Roque y Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz. Estas actuaciones forman parte del plan reforzado de inspección urbanística impulsado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para combatir la parcelación y construcción ilegal en suelo no urbanizable.
El último operativo tuvo lugar esta misma semana en Villa Clemente, La Línea, donde los técnicos de la inspección urbanística, acompañados por la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, comprobaron que no se han realizado nuevas obras dentro de las parcelas precintadas y ejecutaron las medidas provisionales ordenadas. Esta intervención se suma al bloqueo inicial realizado en junio de 2024, cuando se paralizó una macrourbanización ilegal de seis hectáreas con más de cien parcelas afectadas.
Asimismo, la semana pasada se precintaron 97 parcelas en Arcos de la Frontera, continuando con las inspecciones iniciadas en 2021 y 2022. En San Roque, a finales de abril, se revisaron los precintos sobre una zona de cinco hectáreas con 89 lotes ilegales, donde ya se han retirado construcciones prefabricadas en 13 parcelas para restaurar la legalidad urbanística.
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que estas medidas se enmarcan en la aplicación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), que ha reforzado las competencias autonómicas para actuar directamente contra las infracciones en suelo rústico. «Hemos puesto especial énfasis en prevenir parcelaciones y construcciones sin licencia, porque preservar el territorio es una prioridad», señaló Díaz.
Los propietarios de parcelas precintadas tienen la opción de demoler o retirar voluntariamente las obras, previa comunicación y conformidad de la inspección, lo que puede suponer una reducción de hasta el 50% en las sanciones económicas. Sin embargo, la Consejería advierte que romper los precintos o incumplir las órdenes de suspensión conlleva graves sanciones, que oscilan entre 30.000 y 120.000 euros, además de multas coercitivas diarias y posibles responsabilidades penales por desobediencia.
Entre 2022 y 2024, la Junta ha precintado un total de 1.239 parcelas ilegales en suelo rústico en Cádiz, una cifra que contrasta con la ausencia total de actuaciones de este tipo en 2018. Estas intervenciones forman parte del Plan General de Inspección de Andalucía 2023-2026 y buscan frenar la expansión ilegal en zonas protegidas, protegiendo así el medio ambiente y el ordenamiento territorial.
La colaboración entre la Consejería de Fomento, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las administraciones locales ha sido clave para garantizar el cumplimiento de las órdenes de suspensión y la restauración de la legalidad urbanística en estas zonas de la provincia.
