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La Junta de Andalucía fija servicios mínimos del 75% en el sector sanitario afectado por la huelga del metal en Cádiz

El BOJA establece un 75% de servicios mínimos en turno de mañana y el 100% en turnos de tarde, noche y festivos para garantizar el mantenimiento en instalaciones sanitarias

La Junta de Andalucía ha establecido servicios mínimos en el sector sanitario afectado por la huelga indefinida del metal iniciada el 23 de junio, según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicado este martes. La medida afecta a las empresas del convenio colectivo del metal que prestan servicios de mantenimiento en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), tanto en dispositivos hospitalarios como extrahospitalarios y en Atención Primaria.

En concreto, se fijan servicios mínimos del 75% para el turno de mañana, mientras que para los turnos de tarde, noche y festivos se establecen servicios mínimos del 100% de la plantilla. Estas medidas buscan garantizar el correcto funcionamiento del mantenimiento de instalaciones y equipamiento electromédico esencial para la actividad sanitaria.

La Consejería de Salud y Consumo justifica esta orden afirmando que la huelga tiene «una gran afectación para la actividad sanitaria», ya que la interrupción de instalaciones o equipos vitales, sin poderse solucionar, supondría un perjuicio importante para la atención sanitaria.

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Además, la Junta advierte que cualquier paro o alteración del trabajo del personal imprescindible para mantener estos servicios mínimos será considerado «ilegal» conforme al artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo.

Esta decisión se enmarca en la necesidad de asegurar la continuidad del mantenimiento en infraestructuras y equipos hospitalarios, evitando que la huelga cause daños en la prestación de servicios sanitarios públicos en la provincia de Cádiz.

El conflicto laboral afecta a numerosas empresas del sector del metal, y la huelga indefinida comenzó el lunes 23 de junio. La Junta ha optado por regular los servicios mínimos para minimizar el impacto en sectores esenciales, especialmente en la sanidad pública.

Con esta orden, la administración andaluza pretende equilibrar el derecho a la huelga con la obligación de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, garantizando que el mantenimiento técnico necesario para el buen funcionamiento de los centros de salud no se vea comprometido.

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