Interior sitúa a los grupos de extrema derecha como objetivo prioritario contra los delitos de odio
El Ministerio del Interior refuerza el control sobre organizaciones racistas y xenófobas ante el repunte de incidentes violentos y discursos de odio en redes sociales y espacios públicos

El Ministerio del Interior ha anunciado este jueves 17 de julio que los grupos racistas y xenófobos de extrema derecha serán considerados a partir de ahora “objetivos prioritarios” de análisis e investigación por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La medida fue comunicada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la reunión extraordinaria de la Comisión de seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2024-2028, celebrada en Madrid.
Las directrices, que serán enviadas esta misma semana a las direcciones generales de ambos cuerpos, responden al aumento de incidentes violentos contra minorías étnicas, raciales y culturales registrados en los últimos meses. Según Interior, estos actos están vinculados a movimientos nacionales e internacionales de extrema derecha que promueven discursos de odio a través de redes sociales y actos públicos.
Grande-Marlaska subrayó que el Estado tiene la “obligación de actuar” frente a quienes atacan los valores democráticos. “No podemos permitir que el odio se abra paso en nuestra sociedad. Debemos ser contundentes contra quienes incitan a la violencia con una estética y una retórica propias del terror”, señaló el ministro. En su intervención, denunció la “normalización” de mensajes racistas en el discurso público, alentada, según dijo, por la ultraderecha.
Entre las nuevas medidas, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) incorporará expresamente los delitos de odio en la coordinación de sus investigaciones. También se reforzará la monitorización de redes sociales y plataformas digitales para detectar contenidos ilícitos e instar a su retirada, como en el reciente caso de la campaña “Deport Them Spain”.
Además, se adelantará la implementación de un protocolo específico para que las Policías Locales y Municipales actúen frente a delitos de odio, una acción inicialmente prevista para 2028 que se activará antes de lo previsto en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El ministro también rechazó frontalmente la vinculación entre migración y criminalidad, una narrativa que calificó como “falsa y basada en prejuicios”. Apoyó sus palabras con datos: mientras la población extranjera residente en España aumentó un 54% entre 2011 y 2024, el índice de criminalidad descendió siete puntos durante ese mismo periodo.
La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), junto con la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y el propio CITCO, enviará informes quincenales a la Dirección General de Coordinación y Estudios del Ministerio para evaluar amenazas y actuaciones en materia de discursos de odio.
Asimismo, se aumentará la frecuencia de las reuniones de seguimiento sobre conductas de odio, que pasarán a celebrarse trimestralmente. También se potenciará el papel del Centro de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCIR), canal al que los ciudadanos pueden remitir alertas sobre posibles casos de radicalización o extremismo violento.
A la comisión de seguimiento asistieron, entre otras autoridades, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo; el director general del CITCO, Javier Marín; la fiscalía especializada en delitos de odio; representantes de la FEMP; y organizaciones como el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y el Movimiento contra la Intolerancia.
Con estas medidas, el Ministerio del Interior busca reforzar la prevención, detección y respuesta ante cualquier amenaza que ponga en riesgo la convivencia democrática, especialmente en un contexto donde los discursos de odio encuentran cada vez más canales de difusión.