Acuerdo de equiparación de plantillas en educación concertada: una privatización encubierta en Andalucía

El reciente acuerdo firmado entre la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía y las organizaciones que representan a la enseñanza concertada para equiparar las plantillas docentes ha abierto un debate sobre la privatización encubierta del sistema educativo. La medida, que implica un incremento progresivo de horas y recursos para los centros concertados durante los cursos 2025/2026 y 2026/2027, es vista por sectores críticos como un refuerzo de un modelo que desvía recursos públicos hacia la educación privada.

El pacto, anunciado con optimismo por Escuelas Católicas de Andalucía, que representa al 70% del sector concertado, y por la consejera María del Carmen Castillo Mena, supone corregir desigualdades históricas en la dotación horaria entre centros, aplicando criterios técnicos para ampliar la jornada docente. Sin embargo, esta “equiparación” no mejora el sistema de conciertos en su conjunto ni incrementa la financiación pública destinada a la educación pública, lo que para sus detractores representa un avance hacia un modelo educativo más fragmentado y desigual.

Críticos señalan que, lejos de fortalecer la educación pública, la ampliación de recursos a la concertada fomenta la segregación escolar y perpetúa la privatización indirecta, desviando fondos que podrían destinarse a la red pública. Además, la medida no aborda los déficits estructurales del sistema público ni plantea un plan integral para garantizar la igualdad educativa para todo el alumnado andaluz.

Los incrementos en las dotaciones horarias, que permiten ampliar jornadas o contratar nuevo profesorado en centros concertados, llegan en un contexto de debate sobre la función social de estos centros y la creciente presión sobre la educación pública, que atiende a la mayoría de estudiantes en la región. La medida es, para muchos, un paso insuficiente y parcial que deja fuera la financiación y mejora real de los centros públicos, provocando controversia entre sindicatos y colectivos educativos que reclaman un modelo educativo público, gratuito y de calidad para todos.

El secretario autonómico de Escuelas Católicas de Andalucía, Rafael García Porras, defiende el acuerdo como un avance que fortalece el sector concertado y busca acercar sus condiciones a las de la pública, mientras reclama una financiación suficiente y adecuada. Pero este posicionamiento choca con voces que advierten que la “equiparación” no debería confundirse con una mejora global, sino que debe ser analizada en el marco más amplio de la política educativa andaluza y sus prioridades presupuestarias.

El acuerdo, además, incluye la creación de un nuevo módulo de “otros gastos” y la equiparación retributiva de equipos directivos, así como el acceso a programas de innovación. Sin embargo, estas medidas no han disipado las críticas sobre la orientación del modelo educativo, que algunos expertos califican de “desigual e injusto”, y alertan sobre el impacto en la cohesión social y la calidad educativa.

En definitiva, el pacto para la equiparación de plantillas en la enseñanza concertada abre un importante debate sobre el futuro del sistema educativo andaluz, poniendo en evidencia las tensiones entre educación pública y concertada, y cuestionando si estas medidas son realmente un avance para todos los estudiantes o un avance hacia la privatización encubierta del derecho a la educación.