Consumo logra que Airbnb retire 65.000 anuncios ilegales y denuncia otros 55.000 sin registro oficial

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha conseguido que la plataforma de alquiler turístico Airbnb retire de su web 65.000 anuncios ilegales sin licencia. La acción, coordinada por la Unidad de Análisis de Consumo, se enmarca en la estrategia del Gobierno para hacer frente a la proliferación de alojamientos turísticos sin control y reforzar el derecho constitucional a la vivienda.

La medida, anunciada el 30 de julio de 2025, se produce tras varios recursos judiciales interpuestos por la multinacional estadounidense, todos ellos resueltos a favor del Ministerio que dirige Pablo Bustinduy. Además de los anuncios ya eliminados, Consumo ha identificado otros 55.000 alojamientos (exactamente 54.728) que siguen activos en la plataforma sin número de registro oficial, obligatorio desde el 1 de julio de 2025 según la legislación vigente.

Nueva denuncia a Airbnb por anuncios sin registrar

El Ministerio ha anunciado que remitirá esta nueva información a los organismos competentes para que Airbnb elimine o subsane los anuncios irregulares, tal y como establece el ordenamiento jurídico. El archivo digital elaborado por Consumo incluye información relevante sobre cada alojamiento: tipo de propiedad (habitación o vivienda completa), ubicación geográfica (localidad, provincia y comunidad autónoma), y datos disponibles de los anfitriones.

Esta actuación se suma a los esfuerzos del Gobierno por controlar la oferta de alquiler turístico, un fenómeno que en los últimos años ha sido criticado por su impacto en el acceso a la vivienda y el encarecimiento del mercado inmobiliario en zonas tensionadas.

Compromiso con la legalidad y el derecho a la vivienda

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado en varias ocasiones que el objetivo es hacer cumplir la ley y anteponer el interés general al de las grandes plataformas digitales:

“Garantizar el derecho a la vivienda está por encima de los beneficios de las grandes multinacionales”.

El Ministerio ha subrayado que la vigilancia no se limitará a Airbnb. La Unidad de Análisis de Consumo continuará su trabajo para detectar anuncios ilegales en otras plataformas digitales dedicadas al alquiler de alojamientos turísticos, en colaboración con las comunidades autónomas y otras administraciones públicas.

Contexto legal y efectos sobre el mercado

Desde el 1 de julio de 2025, todos los anuncios de alojamientos turísticos deben incluir un número de registro oficial visible. Esta medida, adoptada para mejorar la transparencia, evitar el fraude y proteger a los consumidores, responde también a la creciente preocupación social por los efectos del turismo sobre el mercado residencial.

La retirada masiva de anuncios ilegales constituye un precedente legal importante y refuerza la capacidad del Estado para exigir responsabilidades a plataformas digitales que operan en territorio nacional.