Consumo aclara garantías y devoluciones en la compra de productos de segunda mano
La Junta de Andalucía explica que la legislación protege a los consumidores cuando la compra se realiza entre empresas y particulares, estableciendo mínimos de garantía y derechos en devoluciones
La adquisición de productos de segunda mano se ha popularizado entre los consumidores por motivos económicos y de sostenibilidad. Ante las dudas frecuentes sobre la garantía y la devolución de estos bienes, la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha aclarado cómo funciona el marco legal que protege a las personas consumidoras.
La normativa vigente establece que la legislación de consumo sólo se aplica cuando la compra se realiza entre una empresa o profesional y un particular. En estos casos, las partes pueden pactar un periodo de garantía para los productos usados, que nunca podrá ser inferior a un año desde la entrega. Si no se acuerda un plazo específico, se aplica la garantía general de tres años vigente para productos nuevos.
Este periodo de garantía permite al comprador solicitar la reparación gratuita del producto, incluyendo gastos de envío, mano de obra y materiales. En caso de que la reparación no sea posible o no se pueda realizar en un plazo razonable, el consumidor tiene derecho a exigir una rebaja en el precio o la resolución del contrato, devolviendo el producto.
Además, cuando la compra de segunda mano se realiza por comercio electrónico, los consumidores disponen del derecho de desistimiento, que les permite cancelar la compra sin necesidad de justificación dentro de un plazo de catorce días naturales desde la recepción del producto.
Los establecimientos que venden productos de segunda mano, ya sean tiendas físicas o plataformas online, deben cumplir con obligaciones específicas como el etiquetado adecuado con datos del fabricante, instrucciones y advertencias, el marcado CE en juguetes y mostrar el precio final con impuestos incluidos. También están obligados a entregar un ticket o factura con la información del establecimiento.
En contraste, cuando la compraventa se realiza entre particulares, la legislación de consumo no es aplicable, y se rige por el Código Civil. En estos casos, el comprador puede reclamar por vicios ocultos en un plazo máximo de seis meses desde la compra. Desde Consumo se recomienda solicitar datos de contacto del vendedor y un documento que justifique la transacción, incluyendo precio y fecha.
Asimismo, se aconseja a los compradores extremar las precauciones ante posibles fraudes, desconfiando de anuncios con imágenes genéricas o descripciones poco precisas, métodos de pago exclusivamente por transferencia directa, o vendedores que aleguen estar en el extranjero para justificar ciertas condiciones.
La Junta de Andalucía recuerda que informarse adecuadamente y conocer los derechos en la compra de productos de segunda mano contribuye a un consumo responsable y seguro.
