Los sindicatos de Sevilla y Cádiz alertan de que el anteproyecto del PP no reduce los alquileres y beneficia a promotoras privadas mientras ignora a los inquilinos.
Los Sindicatos de Inquilinas de Sevilla y Cádiz han expresado su rechazo al anteproyecto de Ley de Vivienda de la Junta de Andalucía, impulsado por el Partido Popular, al considerar que la normativa no abordará la crisis de los alquileres y solo favorecerá la especulación inmobiliaria. La crítica se centra en que la ley se basa en un diagnóstico erróneo, partiendo de que la falta de vivienda se resolverá exclusivamente construyendo más inmuebles, con recursos públicos destinados a promotoras privadas, y sin medidas efectivas de control de precios.
Según Iban Díaz, portavoz del Sindicato de Sevilla, “construir más no implica una bajada de los precios de venta y de alquiler; sin un control de precios real, la rueda de la especulación seguirá girando”. Díaz añade que los inquilinos no son mencionados ni una sola vez en toda la ley, mientras se legitiman y facilitan recursos a inmobiliarias, intermediarios y promotoras privadas.
Por su parte, María Sánchez, portavoz del Sindicato de Cádiz, cuestiona las llamadas “zonas prioritarias de vivienda”, que a su juicio deberían denominarse “zonas prioritarias de beneficio inmobiliario”, ya que no responden a las necesidades de quienes enfrentan los altos precios de los alquileres. Asimismo, ambos sindicatos advierten que la ley busca desviar la atención de las viviendas turísticas, que superan las 150.000 en Andalucía, y de las más de 640.000 viviendas vacías, que podrían destinarse a familias trabajadoras mediante alquileres más asequibles o vivienda pública.
Otro punto de crítica es la sustitución del concepto de vivienda protegida por el de vivienda asequible, lo que permitiría que los inmuebles públicos no se asignen necesariamente a las personas más vulnerables y terminen beneficiando a promotoras privadas. Además, la ley penaliza a quienes ocupan una vivienda por necesidad, prohibiéndoles acceder a vivienda pública durante cinco años, lo que, según los sindicatos, castiga la pobreza en lugar de ofrecer soluciones.
El único aspecto considerado positivo por los sindicatos es la protección permanente de la vivienda protegida, aunque muestran cautela ante la posibilidad de permitir su venta o descalificación en circunstancias excepcionales, lo que podría convertirse en “una trampa legal”.
En conclusión, los Sindicatos de Inquilinas de Sevilla y Cádiz consideran que la nueva ley no resuelve los problemas de acceso a vivienda digna, ignora la necesidad de bajar los precios de los alquileres por ley y desatiende el impacto de las viviendas turísticas en barrios de las principales ciudades andaluzas, donde la falta de inquilinos está vaciando vecindarios completos.
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