El Gobierno tipifica la violencia vicaria y refuerza la protección de menores en custodia

El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley que introduce la violencia vicaria en el Código Penal, obliga a escuchar a los menores en casos de custodia y destina 2,4 millones a la localización de víctimas de la guerra y la dictadura.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley orgánica que tipifica la violencia vicaria, una forma de maltrato ejercida sobre mujeres a través de terceros, y refuerza la protección de menores antes de decidir la guardia y custodia. La iniciativa responde al compromiso del Gobierno de avanzar en igualdad real y proteger a las víctimas de violencia de género, según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La ley define la violencia vicaria como aquella ejercida sobre la mujer por parte de su pareja o expareja a través de personas interpuestas, incluidos hijos, ascendientes, hermanos o la pareja actual de la víctima. La norma establece penas de seis meses a tres años de prisión para el tipo general y de uno y medio a tres años para el agravado, con la posibilidad de prohibición de portar armas entre tres y cinco años y limitación de publicación de contenidos relacionados con el delito.

Redondo ha destacado que desde 2013, 65 menores han sido asesinados en España por violencia vicaria, nueve el año pasado y tres en 2025. La reforma también introduce planes de sensibilización social y formación específica para jueces y fiscales, con el objetivo de concienciar sobre esta forma de violencia y garantizar la correcta aplicación de la ley.

Entre las medidas más relevantes se incluye la obligación de escuchar al menor antes de acordar un régimen de custodia, salvo que sea imposible o interfiera directamente con su interés superior. La norma modifica leyes clave como la Ley Integral contra la Violencia de Género, el Código Penal, el Código Civil y la legislación sobre el Poder Judicial y la protección jurídica del menor.

Además, el Gobierno destina 2,4 millones de euros a la búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura española. De esa cifra, un millón se repartirá a la Federación Española de Municipios y Provincias para fosas donde se prevé encontrar restos humanos, y el resto se asignará a diputaciones y ayuntamientos de provincias como Cáceres, Badajoz, Jaén, Sevilla y A Coruña, así como a localidades concretas como Nerva y Víznar.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha hecho un balance de los planes cuatrienales desplegados desde 2019, que han permitido realizar 8.941 exhumaciones, casi la mitad de las previstas, y entregar 70 víctimas identificadas a sus familias. Torres también recordó que la Ley de Memoria Democrática de 2022 facilita la obtención de la nacionalidad española para hijos y nietos de exiliados, con 876.321 solicitudes recibidas hasta julio, de las cuales 24.000 ya han sido concedidas.

En paralelo, el Consejo de Ministros ha autorizado la creación de la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que funcionará como ventanilla única para empresas españolas interesadas en proyectos de reconstrucción en Ucrania, facilitando trámites, asesoramiento y apoyo.

Por último, el Ejecutivo ha aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional determinados aspectos de la Ley de Presupuestos de Canarias, en particular sobre retribuciones de gerentes del Servicio Canario de Salud y concesiones para puertos deportivos, tras no alcanzar un acuerdo con el Gobierno autonómico.

Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar la protección de las víctimas de violencia vicaria, avanzar en la igualdad real de género y cumplir con compromisos de memoria histórica y cooperación internacional.