El Gobierno regula las prácticas formativas para evitar abusos y garantizar derechos a los estudiantes

El nuevo Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral impedirá sustituir trabajadores con becarios y reconoce compensación de gastos, tutor y plan individualizado.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica no Laboral, una norma que regulará por primera vez las condiciones de quienes realizan prácticas en empresas y administraciones públicas, con el objetivo de acabar con los abusos y precariedad en este tipo de formación.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, explicó que el texto pretende garantizar que las prácticas “sirvan para aprender y no para sustituir trabajadores”, delimitando con claridad los derechos y obligaciones tanto de las empresas como de las personas en formación.

Según Díaz, en España hay más de 1,65 millones de personas en formación práctica, de las cuales el 56% son mujeres y el 22% supera los 30 años. “Una de cada diez personas asalariadas se encuentra en esta situación. No son una anécdota”, subrayó la ministra, que agradeció la colaboración de los agentes sociales y comunidades autónomas en el diseño del Estatuto.

Nuevos derechos y limitaciones

El Estatuto reconoce a los estudiantes el derecho a la compensación de gastos, como los de transporte o alimentación, y obliga a las empresas a ofrecer un plan de formación detallado y la asignación de un tutor responsable, que no podrá tener más de cinco personas a su cargo.

Además, prohíbe el pago por recibir formación, limita la formación a distancia al 50%, y excluye los trabajos nocturnos o por turnos. También establece que cualquier actividad que exceda el plan de formación será considerada relación laboral ordinaria, con todos los derechos asociados.

El texto refuerza la protección frente a violencia y acoso, amparando a las personas en formación bajo el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y recuerda que desde el 1 de enero de 2024 quienes realizan prácticas no remuneradas están incluidos en la Seguridad Social.

Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 225.000 euros.

Yolanda Díaz calificó la medida como “la reforma laboral de las nuevas generaciones”, subrayando que “mejorar la vida de nuestro país pasa también por garantizar un aprendizaje digno para los jóvenes”.

Otros acuerdos del Consejo de Ministros

Durante la misma sesión, el Gobierno aprobó también una actualización de los umbrales de tamaño empresarial para reducir las cargas administrativas de las pymes, adaptando la normativa a la directiva europea. Así, se considerará pequeña empresa aquella con un balance total de hasta 7,5 millones de euros y un volumen de negocio neto de hasta 15 millones.

Asimismo, el Ejecutivo dio luz verde a una contribución de 46 millones de euros al mecanismo de emergencia palestino europeo, y a la concesión de la nacionalidad española a 171 descendientes de brigadistas internacionales en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, destacó además los buenos datos de empleo del mes de octubre, con 21,8 millones de personas ocupadas, el segundo mejor registro en la serie histórica. “España lidera la creación de empleo en la UE desde 2021. No son solo cifras, son proyectos de vida”, concluyó.