El PSOE recurre el contrato de abastecimiento de agua de La Línea al considerarlo “lesivo” y “contrario a Derecho”

El Grupo Socialista en la Mancomunidad del Campo de Gibraltar denuncia la falta del informe preceptivo del Consejo Consultivo y advierte de un desequilibrio económico que “acabará pagando la ciudadanía”.

El Grupo Socialista en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha presentado un Recurso de Reposición contra el acuerdo plenario del pasado 10 de octubre, que aprobó con el voto de calidad de la presidenta el contrato de abastecimiento de agua potable de La Línea de la Concepción. Los socialistas consideran que el acuerdo es “lesivo” y “contrario a Derecho”, y reclaman su revocación y la apertura de un nuevo procedimiento ajustado a la normativa del sector público.

En el escrito, registrado este viernes y firmado por la portavoz del Grupo Socialista, Lucía Trujillo, se argumenta que en la aprobación del contrato se omitieron los informes preceptivos del Consejo Consultivo de Andalucía, que son “obligatorios” y cuya ausencia puede suponer la nulidad del acto administrativo. Según el PSOE, la Junta de Comarca “fue privada de la información esencial” necesaria para tomar la decisión, en contra de lo que establece la legislación vigente y la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1980, que exige que el dictamen “debe preceder a la resolución para ilustrar al órgano decisor”.

El recurso recuerda que, conforme al artículo 211.3.b del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el dictamen del Consejo Consultivo es obligatorio cuando la modificación del precio supera determinados límites, algo que —según los socialistas— se produce en este caso. Por ello, solicitan que el acuerdo adoptado “sea declarado nulo de pleno derecho”.

El PSOE denuncia también que el contrato aprobado con el voto de calidad de la presidenta no garantiza la libre concurrencia competitiva ni la selección de la oferta más ventajosa, incumpliendo así el artículo 1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que establece los principios de libertad de acceso, igualdad de trato y transparencia en los procesos de licitación.

Entre los aspectos más controvertidos del expediente, el Grupo Socialista destaca la obligación impuesta al concesionario de ejecutar obras de mejora en la red de abastecimiento por valor de ocho millones de euros, lo que, a su juicio, generará un “desequilibrio económico” durante los primeros cuatro años del contrato. “Es inverosímil pensar que cualquier empresa pueda asumir esa carga, salvo que cuente con una elevada capacidad financiera”, señala el recurso, advirtiendo que “las obras acabarán siendo financiadas por los ciudadanos y resultarán a coste cero para la empresa adjudicataria”.

Asimismo, los socialistas cuestionan que el servicio se haya definido como una concesión de 25 años que, según sus cálculos, mantendrá un flujo de caja negativo durante 24 de esos años, lo que evidencia, en su opinión, la falta de equilibrio financiero y de garantías de viabilidad.

El PSOE provincial subraya que la Ley de Contratos del Sector Público busca mayor transparencia y la mejor relación calidad-precio, principios que —afirman— “no se cumplen en una licitación aprobada sin mayoría suficiente y sin los informes exigidos por ley”.

Con este recurso, el Grupo Socialista comarcal reclama la anulación del acuerdo plenario y el inicio de un nuevo procedimiento de adjudicación, en el que se respeten las garantías jurídicas y los principios de libre competencia.