El Sindicato de Inquilinas de Cádiz convoca a la ciudadanía para frenar un desahucio previsto el 26 de noviembre

La organización hace un llamamiento público para evitar el lanzamiento de Juan Antonio y Marisol, una familia que enfrenta un proceso de desahucio tras más de dos décadas en su vivienda.

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz ha convocado a la ciudadanía a movilizarse para intentar detener el desahucio en Cádiz que está programado para el 26 de noviembre a las 08.00 horas en la calle Matrona Modesta Calvo número 5. El lanzamiento afecta a Juan Antonio y Marisol, una pareja gaditana que lleva más de 22 años viviendo en su hogar y que, según la organización convocante, se encuentra en una situación límite tras un proceso iniciado por el BBVA y continuado por el fondo de inversión Divarian, perteneciente al propio banco y al grupo Cerberus.

El conflicto, que el Sindicato de Inquilinas enmarca en el contexto de la crisis de vivienda en Cádiz, comenzó en 2002 con una hipoteca asumida por la familia. Diez años más tarde, un accidente laboral en el sector de la construcción y una pensión menor de la esperada situaron a Juan Antonio y Marisol en una posición económica complicada. Desde 2013 solo pudieron abonar una parte de la cuota mensual, una situación que, según explican, intentaron regularizar en sucesivas ocasiones mediante negociaciones con el banco.

Las gestiones no dieron resultado y en 2016 el BBVA presentó una demanda por impago. El Sindicato sostiene que, durante el proceso, el banco dejó de recoger los pagos parciales que la familia sí intentaba realizar. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo derivó en la apertura del proceso judicial que ha desembocado en el lanzamiento señalado para el 26 de noviembre.

En 2018, el inmueble fue traspasado por el BBVA a Divarian, su gestora de activos, con el objetivo de continuar los trámites vinculados a la ejecución hipotecaria. La nota difundida por el Sindicato denuncia que, desde ese momento, se produjeron llamadas en horarios inadecuados y visitas a la vivienda por parte de personas que se identificaban como representantes de la nueva propiedad. Estas circunstancias, según la organización, contribuían a presionar a la familia para abandonar su hogar, práctica que asocian a lo que consideran dinámicas habituales en determinados fondos de inversión inmobiliaria.

A pesar de la situación, Juan Antonio y Marisol han decidido permanecer en su vivienda y cuentan con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Cádiz, que ha iniciado una campaña de presión dirigida al BBVA y a Divarian. El objetivo, según la entidad convocante, es conseguir que la familia pueda negociar un alquiler asequible que le permita seguir viviendo en su casa. La organización considera que, pese a la orden de lanzamiento, ambas partes mantienen capacidad para alcanzar una solución alternativa al desahucio.

La convocatoria realizada por el Sindicato busca obtener el respaldo de vecinos y colectivos sociales para “parar el desahucio” el día señalado. Este llamamiento forma parte de una estrategia que incluye otras acciones públicas durante las semanas previas. La entidad sostiene que la movilización social es una herramienta necesaria en un contexto en el que, según afirma, las instituciones no están ofreciendo una respuesta proporcional a la dimensión del problema habitacional en la ciudad.

El Sindicato de Inquilinas insiste en que el caso de Juan Antonio y Marisol representa una situación que afecta a otras familias en Cádiz, donde confluyen precios elevados del alquiler, dificultades de acceso a la vivienda estable y una presencia creciente de fondos inmobiliarios en el mercado. La organización enmarca esta problemática en la necesidad de reforzar la protección de los hogares vulnerables y de promover soluciones que garanticen el derecho a la vivienda.

La ejecución prevista para el 26 de noviembre continúa adelante, mientras la familia y el Sindicato mantienen su campaña pública a la espera de que se abra la posibilidad de un acuerdo. El llamamiento ciudadano pretende movilizar a quienes deseen mostrar su apoyo antes y durante el día del lanzamiento, con el propósito de evitar que Juan Antonio y Marisol pierdan la vivienda en la que han residido durante más de dos décadas.