El sindicato sostiene que el expediente sancionador, que podría alcanzar casi un millón de euros, es insuficiente y reclama la rescisión del contrato para garantizar un servicio digno y la protección de la plantilla.
La sección sindical de CSIF en la empresa Valoriza Servicios Medioambientales ha mostrado su satisfacción ante la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cádiz resuelva el contrato de limpieza pública y recogida de residuos debido a los graves incumplimientos detectados. Según el sindicato, la apertura del expediente sancionador que está tramitando el Consistorio —y que podría suponer casi un millón de euros en sanciones— no sería suficiente frente a lo que consideran un incumplimiento “voluntario y continuado” del pliego de condiciones.
CSIF recuerda que lleva casi tres años denunciando infracciones, irregularidades y vulneraciones tanto del contrato como del convenio colectivo, sin que se hayan adoptado medidas contundentes hasta ahora. El sindicato subraya que parte de los motivos recogidos en el expediente sancionador provienen de la anterior concesionaria, de la que Valoriza ya formaba parte, por lo que considera injustificable la continuidad del actual modelo de gestión.
Entre las críticas, CSIF cuestiona que la actualización de precios —equivalente a 1,5 millones de euros adicionales en el presupuesto— no se haya traducido en mejoras visibles del servicio. Destacan la falta de herramientas adecuadas, mangueras en mal estado y ausencia de vehículos y maquinaria como ejemplos de una situación que tildan de injustificable. Asimismo, consideran un error la aprobación de la nueva tasa de basura municipal sin que esté implantada la quinta fracción (contenedor marrón) y mientras persisten los incumplimientos del contrato.
Una de las mayores preocupaciones del sindicato es la situación de la plantilla. CSIF teme que, ante una posible rescisión del contrato, la empresa incremente arbitrariamente las sanciones disciplinarias a los trabajadores en lugar de asumir responsabilidades. Señala que el personal acumula más de 900 jornadas sin empleo y sueldo mediante expedientes disciplinarios, lo que, a juicio del sindicato, refleja una política sancionadora desproporcionada.
CSIF defiende que ha sido la única parte del comité de empresa que ha denunciado de forma continuada la situación, y considera que la ciudadanía, la oposición, organizaciones vecinales e incluso Facua ya han mostrado su hartazgo ante un servicio que no responde ni a las necesidades urbanas ni a lo establecido en el contrato.
El sindicato anuncia que continuará denunciando cualquier irregularidad y espera que el Ayuntamiento dé “un paso firme y decisivo” para garantizar un servicio público de limpieza digno para la ciudad y para proteger a las trabajadoras y trabajadores del sector. A su juicio, la resolución del contrato debe ser la herramienta principal para desbloquear una situación que consideran insostenible desde la concesión del servicio.
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