Las comunidades autónomas recibirán un récord de 157.731 millones en entregas a cuenta en 2026 para reforzar servicios públicos y políticas sociales
La cifra supone un 7% más que en 2025 y eleva la financiación total hasta 170.300 millones al sumar la liquidación de 2024; los ayuntamientos también marcarán récord con 29.246 millones.

El Ministerio de Hacienda ha comunicado este lunes a las comunidades autónomas que en 2026 volverán a recibir un volumen de financiación sin precedentes a través del sistema de entregas a cuenta, que alcanzará los 157.731 millones de euros. La cifra, ligeramente superior a la avanzada el pasado mes de julio, refleja —según el departamento— el mayor dinamismo de la economía española y representa un 7% más que en 2025.
El anuncio lo realizó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que reiteró el compromiso del Gobierno con “dotar a las comunidades autónomas de los recursos y facilidades necesarias para reforzar sus servicios públicos y atender mejor a la ciudadanía”. Si a los ingresos previstos por entregas a cuenta se suma la liquidación correspondiente al ejercicio 2024, las autonomías percibirán un total de 170.300 millones en 2026, un 7,7% más que el año anterior.
Montero subrayó que el aumento sostenido de recursos para las comunidades autónomas y entidades locales ha sido constante desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, con mejoras anuales en la financiación territorial y transferencias extraordinarias como los fondos COVID. “Nunca antes el Estado había puesto tantos recursos a disposición de los territorios”, afirmó.
En paralelo, las entidades locales también recibirán un volumen récord de 29.246 millones en 2026, un 8,7% más que en 2025. Con la liquidación de 2024 incluida, los ayuntamientos y corporaciones locales percibirán 30.216 millones, lo que supone un incremento del 4,6%.
La ministra de Hacienda informó igualmente de la senda de estabilidad 2026-2028. Las comunidades autónomas mantendrán durante los tres años un objetivo de déficit del -0,1%, lo que evitará esfuerzos adicionales de ajuste y les permitirá disponer de 5.485 millones de euros de margen fiscal. La Administración Central asumirá el mayor esfuerzo para la reducción del déficit público en ese periodo, concentrando el 90% de la disminución prevista entre 2025 y 2028. Por su parte, las entidades locales deberán lograr el equilibrio presupuestario, con más flexibilidad que en la senda anterior.
Durante la reunión, Montero defendió la aprobación parlamentaria de la senda fiscal para garantizar los recursos de los territorios. “Rechazar la senda de estabilidad no es perjudicar al Gobierno, sino perjudicar a los ciudadanos”, advirtió, recordando que una eventual negativa del Congreso obligaría a aplicar de forma automática el equilibrio presupuestario constitucional, reduciendo la capacidad de gasto autonómica en áreas esenciales como sanidad, educación o dependencia.
El CPFF también conoció los objetivos de deuda para las comunidades autónomas, que deberán reducir su ratio al 19,6% en 2026, 18,9% en 2027 y 18,3% en 2028, en línea con la estrategia del Ejecutivo para continuar rebajando el endeudamiento público.
Por último, la ministra trasladó a los consejeros autonómicos la disposición del Gobierno a avanzar en un acuerdo para reformar el sistema de financiación autonómica, apostando por un modelo que reduzca las diferencias entre territorios, refuerce los recursos globales del sistema, amplíe la capacidad normativa de las comunidades y garantice la solidaridad interterritorial bajo criterios objetivos.
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