La paralización del desahucio de Juan Antonio y Marisol en Cádiz se produce después de la movilización del Sindicato de Inquilinas y el apoyo vecinal, que frenaron la orden prevista para el 26 de noviembre.
La paralización del desahucio de Juan Antonio y Marisol en Cádiz se confirmó este domingo tras más de dos semanas de movilización social impulsada por el Sindicato de Inquilinas de Cádiz y apoyada por cientos de vecinos. El lanzamiento judicial, solicitado por el BBVA y su fondo inmobiliario Divarian, estaba previsto para este miércoles 26 de noviembre a las 10:00 horas. Finalmente, el desahucio ha quedado suspendido temporalmente en los juzgados.
El caso se hizo público el 5 de noviembre, cuando el Sindicato de Inquilinas alertó de que la pareja sería desalojada de su vivienda tras 22 años residiendo en ella. Desde ese momento se puso en marcha una campaña de presión con convocatorias ante sedes bancarias, asesoramiento jurídico y acciones colectivas que movilizaron a ciudadanos de distintos barrios de la ciudad.
La vivienda fue propiedad de familiares de Juan Antonio y Marisol antes de pasar a manos de la entidad bancaria. Según el relato del Sindicato de Inquilinas, la deuda hipotecaria de la familia alcanzó los 50.000 euros. La orden judicial de lanzamiento generó preocupación entre colectivos vecinales y organizaciones sociales, que insistieron en que la pareja no tenía alternativa habitacional estable para afrontar una salida forzosa del inmueble.
La plataforma reivindica que la paralización obtenida no significa el fin del conflicto. La suspensión decretada es temporal y el proceso judicial continúa abierto, por lo que el riesgo de desalojo sigue vigente. El Sindicato de Inquilinas asegura que su objetivo es lograr un acuerdo definitivo que permita a la pareja mantener la vivienda a través de un alquiler considerado «digno y acorde a sus recursos».
En su valoración pública, el colectivo critica que ninguna institución haya actuado para evitar el desahucio, citando expresamente al Ayuntamiento de Cádiz, servicios sociales y Procasa. Sostiene que la única vía efectiva ha sido la movilización ciudadana y que el caso refleja la situación de muchas familias que enfrentan procesos de pérdida de vivienda en un contexto de aumento de precios del alquiler y fondos inmobiliarios con activos residenciales.
La organización reafirma que mantendrá convocatorias y acciones durante las próximas semanas y meses hasta que se garantice la permanencia de Juan Antonio y Marisol en su domicilio. Insiste en que su reivindicación no pasa por alternativas habitacionales temporales sino por «el derecho a permanecer en las casas donde se ha vivido toda una vida».
Para el Sindicato de Inquilinas, la presión vecinal demuestra que la organización colectiva puede influir en la toma de decisiones judiciales y bancarias en materia de vivienda. También subraya que el caso de la pareja se ha convertido en un símbolo de resistencia frente a procesos de desahucio vinculados a la inversión inmobiliaria en barrios con fuerte arraigo vecinal.
La evolución del caso será decisiva en las próximas semanas para determinar si la suspensión se convierte en una solución estable o si la familia deberá enfrentar nuevamente un procedimiento de lanzamiento. Mientras tanto, los colectivos sociales involucrados mantienen la movilización como principal herramienta para tratar de alcanzar un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.
Contenido recomendado
