La subida salarial del 11% para empleados públicos de Cádiz, presentada por Mamen Sánchez y UGT, incluye la eliminación de la tasa de reposición, mejoras laborales y un modelo mixto de atención ciudadana.
La subida salarial del 11% para empleados públicos de Cádiz será una realidad progresiva hasta 2028, tras el Acuerdo Marco para la Mejora del Empleo Público y la Atención a la Ciudadanía firmado por el Gobierno de España junto a UGT y CSIF, con la adhesión de CCOO. Más de 83.000 empleadas y empleados públicos de la provincia se verán directamente beneficiados, convirtiéndose en uno de los avances retributivos más relevantes de los últimos años.
El acuerdo contempla una subida acumulada del 11%, que alcanzará el 11,45% al incluir los arrastres salariales aplicables. Esta mejora afecta al conjunto del sector público: Administración General del Estado, Junta de Andalucía, entidades locales y servicios esenciales como educación, sanidad, justicia, servicios sociales, seguridad o emergencias.
La diputada socialista Mamen Sánchez, encargada de presentar los detalles del acuerdo, destacó que la medida supone “un reconocimiento imprescindible” para quienes sostienen el funcionamiento de los servicios públicos. Recordó que, mientras durante siete años de Gobierno del PP las subidas salariales fueron del 3,7%, los ejecutivos de Pedro Sánchez han impulsado dos grandes acuerdos: uno del 9% y este último del 11%.
Como ejemplo práctico de la subida, Sánchez explicó que un empleado con un salario anual de 45.600 euros pasará a percibir 50.815 euros en 2028, lo que supone 5.215 euros brutos más. Además, avanzó que el próximo Real Decreto permitirá abonar de una sola vez el 2,5% correspondiente a 2025 a los funcionarios dependientes del Estado, mientras que el resto de administraciones deberán aplicarlo en su primera nómina disponible. En la provincia, más de 24.000 empleados estatales recibirán este pago en diciembre. A ello se sumará en enero un incremento adicional del 1,5%, correspondiente a 2026, lo que supondrá un aumento total del 4% en apenas un mes.
La secretaria local y autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Victoria Corbacho, subrayó que la subida salarial del 11% para empleados públicos de Cádiz forma parte de un paquete mucho más amplio de medidas destinadas a fortalecer el sector público. Señaló que UGT llevaba años alertando sobre la pérdida de empleo público, la temporalidad y el deterioro de los servicios esenciales, y destacó que este acuerdo “marca el inicio de una recuperación real”.
Entre los avances incluidos en el Acuerdo Marco, Corbacho destacó:
- La eliminación de la tasa de reposición, una reivindicación histórica que permitirá incorporar nuevos profesionales y rejuvenecer plantillas.
- La obligación de ejecutar las ofertas de empleo público en un máximo de un año, agilizando la entrada de personal en educación, sanidad, seguridad o administración.
- Un modelo de atención ciudadana mixto, que combinará la atención presencial, telefónica y electrónica.
- Nuevas medidas de igualdad, conciliación y protección a víctimas de violencia machista.
- Un plan de capacitación digital para garantizar que la modernización administrativa llegue a todo el personal.
Corbacho insistió además en la necesidad de que todas las administraciones de la provincia activen de inmediato sus mesas de negociación para aplicar correctamente las medidas acordadas: pago de atrasos, carrera profesional, estabilización del empleo, reposición de personal y mejora de las condiciones laborales.
En su intervención final, Mamen Sánchez destacó que la provincia de Cádiz “obtiene un avance que no solo beneficiará a más de 80.000 empleados públicos, sino que se traducirá en mejores servicios para la ciudadanía y en nuevas oportunidades de acceso a un empleo público estable y de calidad”. Por su parte, Corbacho reafirmó el compromiso sindical afirmando que “donde hay empleo público está UGT, y donde está UGT se avanza”.
La subida salarial del 11% para empleados públicos de Cádiz se consolida así como una medida estratégica para reforzar el funcionamiento de los servicios esenciales y dignificar la labor de quienes sostienen la administración pública en todos sus niveles.
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