El peritaje de la IGAE sobre contratos del SAS es, según el PSOE andaluz, un avance clave para esclarecer el presunto fraccionamiento de contratos sanitarios investigado en Cádiz y Sevilla.
El PSOE de Andalucía ha valorado como “un salto muy importante” la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz de solicitar a la Intervención General del Estado (IGAE) un informe pericial sobre los expedientes de contratación investigados en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Este peritaje de la IGAE sobre contratos del SAS se centrará en los informes elaborados por la Intervención General de la Junta de Andalucía respecto al presunto fraccionamiento de contratos de emergencia, un procedimiento que podría haber afectado a cientos de millones de euros.
La formación socialista ejerce, junto con Podemos Andalucía, la acusación popular en las Diligencias Previas 911/2024 que se instruyen en Cádiz. El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, explicó que la admisión por parte del juez Manuel Jesús Gómez de la solicitud del PSOE refuerza el avance de la causa y la necesidad de una revisión exhaustiva de los contratos bajo sospecha. Según Jiménez, la intervención estatal permitirá analizar de manera objetiva una contratación que considera fragmentada “de manera presuntamente ilegal”.
El dirigente socialista subrayó que “cada día está más complicada la posición de Moreno Bonilla”, al referirse al Gobierno de la Junta de Andalucía. Añadió que la investigación no solo avanza en Cádiz, sino también en Sevilla y otras provincias en las que se examinan procedimientos similares relacionados con contratos sanitarios realizados bajo el régimen de emergencia. El portavoz remarcó que la contratación fragmentada descrita en los informes del SAS podría suponer una malversación de hasta 235 millones de euros en la provincia de Cádiz, cifra que, según afirmó, se elevaría a 1.200 millones de euros si se suma el conjunto de contratos investigados en Andalucía.
Jiménez defendió que el peritaje de la IGAE es la vía más adecuada para aclarar la situación, dado que la Intervención del Estado “tiene los mejores medios y más medios que nadie” para analizar un volumen tan amplio de documentación. Asimismo, indicó que los interventores delegados del SAS ya advirtieron de estas prácticas de forma reiterada, y lamentó que sus advertencias no fueran atendidas por el Gobierno autonómico. “Lo que se contrata de emergencia se contrata más caro, y lo que se contrata de manera ilegal genera un quebranto de fondos públicos”, afirmó, insistiendo en que los informes técnicos avalan estas conclusiones.
El dirigente socialista recordó que, tras conocerse los primeros informes internos del SAS, la reacción del Gobierno andaluz fue cesar a la interventora delegada. Para Jiménez, esta decisión evidenció el malestar interno ante las advertencias de irregularidades y refuerza la necesidad de una investigación independiente. La actuación de la IGAE, según sostuvo, permitirá determinar si existió fraccionamiento injustificado de contratos y si se produjo un perjuicio económico para la administración autonómica.
Las diligencias abiertas en Cádiz avanzan de manera paralela a las que instruye el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde también el PSOE y Podemos ejercen como acusación popular en un procedimiento relacionado con la contratación de emergencias en el SAS. Ambas causas comparten el análisis del uso de contratos menores y la posible elusión de los procedimientos ordinarios de la Ley de Contratos del Sector Público.
El PSOE andaluz insistió en que el objetivo es esclarecer los hechos y garantizar que los fondos públicos se gestionen con transparencia y legalidad. Con el nuevo impulso judicial, la investigación entrará en una fase técnica clave que dependerá del resultado del peritaje de la IGAE sobre contratos del SAS, cuyo informe determinará si se produjeron irregularidades y cuál fue su alcance económico.
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