El alcalde de Barbate solicita al Defensor del Pueblo que medie con Hacienda por las compensaciones de la servidumbre militar

El alcalde de Barbate pide al Defensor del Pueblo que medie con Hacienda para desbloquear las compensaciones económicas por la servidumbre militar del campo de adiestramiento de Sierra del Retín

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha solicitado la mediación del Defensor del Pueblo en España, Ángel Gabilondo, para facilitar una reunión con el Ministerio de Hacienda que permita abordar la situación económica del municipio y el reconocimiento de las compensaciones por la servidumbre militar del campo de adiestramiento de Sierra del Retín. El regidor ha remitido una carta formal al Defensor del Pueblo ante la falta de respuesta por parte de Hacienda a las reiteradas peticiones del Ayuntamiento.

La servidumbre militar del campo de adiestramiento de Sierra del Retín afecta de manera directa a una parte significativa del término municipal de Barbate. Según expone el escrito remitido, esta instalación ocupa aproximadamente el 40% del territorio del municipio y condiciona su desarrollo socioeconómico desde hace más de cuatro décadas. Pese a esta afección continuada, el Ayuntamiento denuncia que no se han concedido compensaciones económicas acordes al impacto territorial y económico que soporta la localidad.

Miguel Molina ha señalado que desde comienzos de 2024 el Ayuntamiento ha remitido hasta diez solicitudes formales al Ministerio de Hacienda con el objetivo de mantener una reunión y presentar el Plan de Especial Singularidad. Este documento, aprobado tanto por el pleno municipal como por la Diputación de Cádiz, recoge las principales demandas de Barbate en relación con la servidumbre militar y plantea medidas de compensación para paliar sus efectos. Sin embargo, según el alcalde, estas peticiones no han obtenido respuesta hasta el momento.

El regidor ha criticado públicamente la falta de interlocución por parte del Ministerio de Hacienda, calificándola como una falta de respeto hacia el conjunto de la ciudadanía de Barbate. En este sentido, ha subrayado que la reclamación no es una cuestión personal ni política, sino una demanda colectiva de un municipio que considera vulnerados sus derechos tras décadas de limitaciones territoriales.

En la carta dirigida al Defensor del Pueblo se pone de manifiesto también la existencia de agravios comparativos. El Ayuntamiento sostiene que otros municipios con una afección militar notablemente inferior han sido incorporados a programas de compensación económica, mientras que Barbate continúa excluido a pesar de ser el municipio más perjudicado en términos territoriales dentro de su entorno.

El alcalde ha destacado que, aunque el Ministerio de Defensa ha mostrado sensibilidad hacia la situación de Barbate y ha reconocido su carácter excepcional, resulta imprescindible la implicación del Ministerio de Hacienda para articular una compensación económica justa. Según Molina, sin la participación de Hacienda no es posible avanzar en soluciones concretas que permitan corregir el desequilibrio que sufre el municipio.

Miguel Molina ha insistido en que Barbate no reclama privilegios, sino justicia y equidad. Ha recordado que el municipio ha contribuido durante más de 40 años a la defensa nacional, soportando una carga territorial y económica considerable que ha limitado su crecimiento y sus oportunidades de desarrollo. A su juicio, esta singularidad debe ser reconocida de manera efectiva por el Estado.

El alcalde ha recalcado que la reivindicación de las compensaciones por servidumbre militar no responde únicamente a criterios económicos, sino también a una cuestión de igualdad y dignidad institucional. Según ha expresado, Barbate ha visto condicionado su desarrollo durante décadas por una infraestructura estatal sin recibir una compensación proporcional a los perjuicios asumidos.

Con la solicitud de mediación al Defensor del Pueblo, el Ayuntamiento confía en desbloquear una situación que considera clave para el futuro del municipio. Miguel Molina ha mostrado su esperanza en que la intervención de Ángel Gabilondo facilite el diálogo con el Ministerio de Hacienda y permita avanzar hacia una solución que reconozca de forma justa las compensaciones por la servidumbre militar del campo de adiestramiento de Sierra del Retín.