El Gobierno destina 152 millones de euros a la investigación en ciencia orientada a la salud

El Consejo de Ministros aprueba una inversión de 152 millones de euros para la investigación en ciencia orientada a la salud y el Programa Estratégico Salud de Vanguardia 2025-2027

El Consejo de Ministros ha aprobado una inversión de 152 millones de euros destinada a la investigación en ciencia orientada a la salud, en el marco de un conjunto de acuerdos adoptados este 16 de diciembre para reforzar el sistema científico y sanitario del país. La medida se concreta en la autorización de la convocatoria correspondiente a 2026 de la Acción Estratégica en Salud, considerada el principal instrumento de financiación pública de la investigación biomédica y en ciencias de la salud.

Esta convocatoria contará con un presupuesto inicial de 152 millones de euros, con la posibilidad de incrementarse en hasta 40 millones adicionales. Según ha trasladado el Gobierno, esta dotación supone un aumento cercano al 40% respecto a la inversión realizada en 2018, consolidando una línea de financiación orientada a impulsar proyectos de investigación que abarcan desde la ciencia básica hasta su aplicación clínica en hospitales y centros sanitarios.

La Acción Estratégica en Salud se articula en tres grandes programas. El primero está destinado a financiar proyectos de investigación científica en el ámbito biomédico y sanitario; el segundo se centra en la contratación de personal investigador en etapas predoctorales y postdoctorales; y el tercero tiene como objetivo favorecer la transferencia del conocimiento, facilitando que los resultados de la investigación lleguen al sistema sanitario y a la sociedad.

Entre las prioridades de esta convocatoria se encuentran áreas vinculadas a los principales retos actuales en salud, como la investigación en cáncer infantil, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades infecciosas y la preparación y respuesta frente a posibles pandemias. El planteamiento del Ejecutivo pasa por reforzar la capacidad del sistema científico para generar diagnósticos más tempranos, tratamientos más eficaces y mejoras en la calidad de vida de los pacientes.

Junto a esta inversión, el Consejo de Ministros ha aprobado el Programa Estratégico Salud de Vanguardia 2025-2027, impulsado de forma conjunta por los ministerios competentes en ciencia y sanidad. Este programa da continuidad al proyecto iniciado en 2021 con el PERTE para la Salud de Vanguardia, que ha movilizado más de 2.800 millones de euros desde su puesta en marcha, en su mayoría procedentes de inversión pública.

El nuevo programa estratégico permitirá mantener y reforzar las líneas de trabajo desarrolladas en los últimos años, con el objetivo de avanzar hacia un Sistema Nacional de Salud más innovador y resiliente. Entre sus prioridades se incluyen el desarrollo de la medicina personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional; el impulso a la investigación, fabricación y desarrollo en España de productos biotecnológicos, tecnología sanitaria y medicamentos innovadores; la digitalización de los servicios sanitarios y la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial; así como la integración efectiva de las innovaciones tecnológicas en el sistema público de salud.

El programa también mantiene el modelo de gobernanza ya aplicado en el PERTE, a través de una alianza que integra a agentes públicos y privados del sistema científico, representantes de los pacientes y comunidades autónomas. Este enfoque busca coordinar esfuerzos y maximizar el impacto de las inversiones en el conjunto del territorio.

En el ámbito de las grandes infraestructuras científicas, el Consejo de Ministros ha aprobado además una nueva adenda al convenio de colaboración con la Generalitat de Catalunya para la financiación del sincrotrón ALBA. Esta instalación científica, dedicada al estudio de la materia a escala microscópica, contará con una inversión conjunta cercana a los 1.000 millones de euros en los próximos 15 años, con el objetivo de transformarse en una infraestructura de cuarta generación. Los avances derivados de esta modernización tendrán aplicaciones directas en campos como la investigación oncológica y el desarrollo de nuevos tratamientos médicos.

Por otro lado, el Ejecutivo ha abordado el anteproyecto de ley que regula la profesión de agente de igualdad y su certificación profesional. La norma establece un marco jurídico para el acceso y ejercicio de esta actividad, con el fin de profesionalizar el sector, garantizar la calidad de los servicios, evitar el intrusismo y aportar seguridad jurídica. El texto contempla un periodo transitorio de diez años para que las personas con experiencia o formación previa puedan acceder a la titulación correspondiente.

En conjunto, las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros refuerzan la apuesta del Gobierno por un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y el fortalecimiento de los servicios públicos, con especial atención a la investigación en ciencia orientada a la salud como eje estratégico para el bienestar de la población.