El PSOE ha conseguido el respaldo por unanimidad de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para el Estudio del Problema de las Drogas para una proposición No de Ley (PNL) en la que se insta al Gobierno a regular la publicidad de juegos de azar, y de forma especial, para reforzar la protección de los sectores de la población más vulnerables como es el caso de los menores de edad.
La iniciativa obliga así al Gobierno a desarrollar reglamentariamente, en el plazo de tres meses, los artículos 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, en concreto en lo referente en el control de la actividad publicitaria de las actividades de juego de ámbito estatal y la protección de los consumidores y políticas de juego responsable.
Asimismo la proposición contempla medidas a la hora de restringir los horarios, con el objeto de proteger a los menores, para la difusión de comunicaciones comerciales relacionadas con juegos de azar y apuestas; a establecer como obligatorios, con independencia del tipo de juego, de la práctica asociada y del canal de difusión, para todas las comunicaciones comerciales y en todos los espacios relacionados con los juegos y apuestas en línea, los mensajes de `juego responsable´, `juego seguro´y `no recomendado para menores de 18 años´, de forma clara y legible; a limitar la presencia de personajes populares en las comunicaciones comerciales de juegos de azar y apuestas; a establecer, con el objeto de proteger a los menores, la prohibición total de publicidad del juego on line en espacios específicamente destinados a ellos (webs, redes sociales, juegos o aplicaciones) “a fin de evitar la utilización de mensajes que banalicen el desembolso a realizar por los jugadores o que hagan referencia a la facilidad para ganar”.
Asimismo, desde el PSOE se insta al Gobierno a restringir la utilización de bonos de regalo o las bonificaciones por la inscripción o participación de la persona jugadora; a evitar que las comunicaciones de juegos de azar y apuestas incluyan elementos de atracción para los menores como determinadas sintonías, mascotas de marca, narrativas cercanas al público infantil, etc.; a restringir, con el objeto de proteger a los menores, la promoción o publicidad del nombre o de los productos de juego mediante patrocinio de equipos deportivos; a realizar campañas de sensibilización y prevención dirigidas a la población juvenil y a reforzar la implantación de políticas activas de juego responsable dirigidas a maximizar la protección de los sectores de la población más vulnerables y especialmente de los menores.
La diputada socialista por Cádiz, Míriam Alconchel, en su calidad de vocal de la Comisión defiende que “el juego de azar es una actividad frecuente entre adolescentes de 16 y 17 años, a pesar de que la legislación española vigente prohíbe que los menores de edad puedan hacerlo” tal y como corrobora un estudio realizado por la Facultad de Psicología de la universidad de Valencia. Además la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) alerta que cada vez son los jóvenes más vulnerables frente a este problema, sobre todo desde que en 2012 se legalizara el juego en Internet, dejándoles la vía libre, abriendo la puerta al juego y a las apuestas siendo además mucho más fácil el acceso a menores de edad a través de estos portales.
Los estudios realizados en España estiman que entre el 3,5 y el 5% de jugadores adolescentes pueden considerarse como jugadores patológicos. En otros países el juego adolescente ya se ha considerado como un problema grave de salud pública.
“Las apuestas deportivas, los juegos de casino online o el póquer son lo que más practican los jóvenes que acceden a este mundo del juego a través de la publicidad. Si los jóvenes ven a su ídolo del fútbol aparecer en televisión y anunciar un portal de juego, acabarán entrando, aunque solo sea por curiosidad”, ha advertido.
Por ello, la diputada socialista junto a la ponente de la iniciativa, Begoña Tundidor, apuesta “por reforzar la implantación de políticas activas de juego responsable dirigidas a maximizar la protección de los sectores de la probación más vulnerables y especialmente de los menores”.