El TSJA inadmite la querella de Landaluce contra Rocío Arrabal por presuntas calumnias

El TSJA inadmite la querella de Landaluce contra Rocío Arrabal al considerar que las declaraciones de la diputada socialista se produjeron en un contexto de oposición política y no constituyen, a priori, un delito de calumnias.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido la querella presentada por el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, contra la diputada del PSOE en el Parlamento andaluz por Cádiz, Rocío Arrabal, por un presunto delito de calumnias relacionado con declaraciones públicas sobre supuestos abusos sexuales que el regidor niega.

Según el auto, fechado el 6 de marzo y al que ha tenido acceso Europa Press, el alto tribunal andaluz considera que, aunque resulta “verosímil” que Arrabal realizara las manifestaciones que se le atribuyen y que la documentación aportada por Landaluce lo acredita de forma indiciaria, los hechos descritos carecen de relevancia penal.

El TSJA explica que, para admitir una querella, debe analizarse inicialmente la verosimilitud de los hechos y su posible encaje en un delito. En este caso, concluye que no concurre el elemento subjetivo necesario para apreciar calumnias, es decir, la conciencia de falsedad o el “temerario desprecio hacia la verdad”.

El tribunal argumenta que las declaraciones de Arrabal no se basaron en “meras invenciones” ni en rumores vagos, sino en documentos y materiales que, según expone el auto, fueron difundidos públicamente y remitidos a medios de comunicación, así como a responsables políticos. En ese contexto, la diputada trasladó a la opinión pública informaciones que, a su juicio, justificaban la petición de dimisión del alcalde.

La resolución subraya que no corresponde en este procedimiento determinar la autenticidad de los documentos ni la veracidad de los hechos atribuidos a Landaluce. El análisis se limita a valorar si las manifestaciones de Arrabal pueden encuadrarse en un delito de calumnias. A este respecto, el TSJA concluye que no puede apreciarse que actuara con conocimiento de la falsedad o con desprecio temerario hacia la verdad.

Además, el auto sitúa las declaraciones en un “inequívoco contexto de labor de oposición política”. Según el tribunal, la finalidad de Arrabal era reclamar al Partido Popular que forzara la dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras, lo que se enmarca en la actividad política y no en un ataque personal desvinculado de su función pública.

El origen de la controversia se remonta a octubre de 2024, cuando el canal de Telegram del activista Alvise Pérez difundió varios pantallazos en los que se atribuían al alcalde supuestos abusos sexuales contra dos concejalas del Ayuntamiento de Algeciras. Ambas ediles negaron posteriormente los hechos.

Tras la difusión de ese contenido, la secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, y la vicesecretaria de Acción Política del PSOE local, Isabel Beneroso, presentaron una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual. El pasado 15 de enero, la Fiscalía archivó la denuncia al no apreciar indicios de delito.

En paralelo, Landaluce anunció a principios de enero su baja del Partido Popular con el objetivo, según explicó entonces, de no perjudicar la imagen de su formación. Desde entonces ejerce como concejal no adscrito, aunque mantiene el apoyo del PP en el Ayuntamiento de Algeciras. Pese a las peticiones de dimisión formuladas por los grupos de la oposición, el regidor ha continuado en el cargo.

Tras conocerse la decisión del TSJA de inadmitir la querella, el alcalde ha anunciado que presentará un recurso de súplica ante el mismo tribunal. Según ha señalado en un comunicado, considera que el auto no ha tenido en cuenta el archivo previo de la denuncia por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Con esta resolución, el TSJA inadmite la querella de Landaluce contra Rocío Arrabal en una causa que se enmarca en la confrontación política abierta en el Ayuntamiento de Algeciras desde la difusión de las acusaciones en octubre de 2024.