Sanz pide declarar el Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico en el Parlamento andaluz
El consejero Antonio Sanz reclama el apoyo del PSOE para impulsar la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico, mientras los socialistas critican la falta de inversiones de la Junta en la comarca gaditana.
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha instado al PSOE a respaldar la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico, en el marco del debate sobre el reciente acuerdo entre España y Reino Unido en relación con Gibraltar.
La petición se produjo este miércoles durante una pregunta oral en el pleno del Parlamento andaluz. Sanz defendió que esta declaración, conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, sería una medida clave para reforzar el desarrollo económico de la comarca gaditana y sostuvo que el respaldo socialista sería una muestra de apoyo efectivo al territorio.
El debate se centró en las consecuencias del acuerdo sobre Gibraltar y en las actuaciones desarrolladas por la Junta en el Campo de Gibraltar. La parlamentaria socialista por Cádiz, Rocío Arrabal, preguntó al consejero por las medidas adoptadas dentro de sus competencias para defender los intereses económicos y laborales de la comarca tras el citado acuerdo.
Arrabal aseguró que el Ejecutivo andaluz no ha puesto en marcha iniciativas concretas para el Campo de Gibraltar y criticó la falta de ejecución de proyectos anunciados. Entre ellos, mencionó la Ciudad de la Justicia de Algeciras y un conjunto de medidas vinculadas al Brexit. También reclamó inversiones en infraestructuras y actuaciones orientadas al fomento del turismo y el empleo en la zona.
En su intervención, la diputada socialista defendió que el acuerdo sobre Gibraltar puede suponer una oportunidad para la comarca, al considerar que favorecerá un nuevo marco de relaciones y desarrollo económico en ambos lados de la frontera. Asimismo, pidió a la Junta que centre sus esfuerzos en inversiones reales y en la ejecución de proyectos pendientes.
Por su parte, Antonio Sanz manifestó que el acuerdo impulsado por el Gobierno central no garantiza un equilibrio fiscal para el Campo de Gibraltar. Según expuso, el tratado representa una oportunidad desaprovechada para haber defendido con mayor firmeza los intereses económicos de la comarca gaditana.
El consejero insistió en que la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico permitiría activar mecanismos específicos de impulso y compensación, y reclamó al PSOE que respalde esta iniciativa en el ámbito europeo. Además, solicitó al Gobierno de España la puesta en marcha de un plan de inversiones específico para la comarca.
Durante su intervención, Sanz enumeró varias actuaciones anunciadas por la Junta en el Campo de Gibraltar. Entre ellas, citó una inversión de 18 millones de euros en el área logística de la Bahía de Algeciras, 22 millones para la futura Ciudad de la Justicia de Algeciras y 1,2 millones de euros para obras en el puerto de armadores de La Línea de la Concepción.
El Campo de Gibraltar es una de las comarcas andaluzas más directamente afectadas por las relaciones entre España y Gibraltar, especialmente en materia laboral, fiscal y comercial. Miles de trabajadores cruzan diariamente la Verja para desempeñar su actividad profesional en el Peñón, lo que convierte cualquier cambio normativo en un asunto de especial impacto local.
El debate parlamentario evidenció la confrontación política sobre la gestión del acuerdo y sobre las inversiones en la comarca. Mientras el PSOE considera que el nuevo marco puede abrir oportunidades económicas y reclama mayor implicación de la Junta, el Gobierno andaluz defiende que es necesario reforzar la protección del tejido productivo local mediante instrumentos específicos como la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial interés económico.
La iniciativa, de prosperar, requeriría respaldo institucional y coordinación con el Gobierno central y las autoridades europeas, al tratarse de una figura vinculada al marco normativo comunitario.
