Por Andalucía muestra su apoyo a los trabajadores que denuncian listas negras en la industria del metal en Cádiz
La coalición respalda a los dos operarios subidos a una grúa en Navantia San Fernando y reclama investigar las presuntas listas negras en la industria del metal en Cádiz y la situación de las subcontratas.
Por Andalucía ha expresado su apoyo a los dos trabajadores del sector naval que permanecen subidos a una grúa en las instalaciones de Navantia en San Fernando en señal de protesta por su situación laboral y por la supuesta existencia de listas negras en la industria del metal en Cádiz.
Los operarios, identificados como Jesús y Manuel, denuncian que no han vuelto a ser contratados desde su despido en 2020, que atribuyen a una “represión sindical” por su vinculación con la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz (CTM). Ambos sostienen que su exclusión responde a vetos informales dentro del sector.
El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) y portavoz de IU Andalucía, Ernesto Alba, trasladó públicamente la “solidaridad” de la coalición con los trabajadores a través de un audio remitido a los medios de comunicación. Alba, también candidato de Por Andalucía en las elecciones andaluzas del 17 de mayo por la provincia de Málaga, enmarcó el caso en un contexto de precariedad laboral en el sector naval.
La protesta se desarrolla en las instalaciones de Navantia en San Fernando, uno de los principales polos industriales de la Bahía de Cádiz, donde el sector del metal tiene un peso determinante en el empleo y la actividad económica. Los trabajadores reclaman que se investigue si existen mecanismos de exclusión que impidan su reincorporación a empresas auxiliares o a la propia industria naval.
Desde Por Andalucía se ha señalado que el Ministerio de Hacienda, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) —de la que depende Navantia— y la propia empresa pública deben implicarse en la búsqueda de una solución. La formación plantea que se revisen los sistemas de contratación y que se refuerce la incorporación de plantilla propia frente al modelo de subcontratación.
Ernesto Alba defendió que la precariedad laboral afecta especialmente a los trabajadores de empresas auxiliares y subcontratas, una realidad que, según indicó, se da en distintos sectores profesionales. En este sentido, sostuvo que la externalización de servicios repercute en las condiciones laborales y pidió que se garantice que los procesos de acceso al empleo se rijan por criterios de mérito y capacidad.
El conflicto vuelve a situar en el foco la situación del sector del metal en la Bahía de Cádiz, escenario en los últimos años de movilizaciones por las condiciones laborales, la negociación colectiva y la carga de trabajo en la industria auxiliar. La denuncia sobre posibles listas negras añade un nuevo elemento de controversia en un entorno ya marcado por la tensión entre trabajadores, empresas auxiliares y administraciones públicas.
Por el momento, ni Navantia ni la SEPI han realizado declaraciones públicas en relación con las acusaciones de los trabajadores sobre la existencia de vetos en la contratación. Tampoco se ha informado de la apertura de ninguna investigación oficial sobre estos hechos.
La protesta continúa en las instalaciones de San Fernando mientras los trabajadores reclaman una respuesta que aclare su situación y determine si se han producido prácticas irregulares en el acceso al empleo dentro de la industria del metal en Cádiz.
