1.300 vecinos afectados por los retrasos en valoración del grado de discapacidad en Chiclana
El Ayuntamiento denuncia que los retrasos en valoración del grado de discapacidad en Chiclana alcanzan hasta 30 meses, lo que impide a los solicitantes acceder a prestaciones sociales, beneficios fiscales y ayudas vinculadas al reconocimiento oficial.
Un total de 1.300 personas en Chiclana están a la espera de que la Junta de Andalucía resuelva su solicitud de valoración o revisión del grado de discapacidad, según ha informado el Ayuntamiento. El Consistorio sitúa en unos 30 meses el tiempo de demora en la tramitación de estos expedientes.
El delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, dio a conocer estos datos en una rueda de prensa celebrada el 17 de abril. Según explicó, el plazo de resolución se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar casi tres años de espera en algunos casos.
Los retrasos en valoración del grado de discapacidad en Chiclana tienen consecuencias directas para las personas afectadas, ya que el reconocimiento oficial es un requisito imprescindible para acceder a distintas ayudas y prestaciones. Mientras no se emite la resolución, los solicitantes no pueden acreditar su grado de discapacidad ante otras administraciones.
Entre los efectos señalados por el Ayuntamiento figura la imposibilidad de solicitar una pensión no contributiva en el caso de personas con un grado igual o superior al 65%. También afecta a quienes podrían beneficiarse de bonificaciones en el impuesto municipal de vehículos, en el supuesto de tener reconocido al menos un 33% de discapacidad.
Asimismo, la falta de resolución impide tramitar la prestación por hijo a cargo con discapacidad ante la Seguridad Social. A ello se suman otras ayudas gestionadas por la Junta de Andalucía, como la asistencia sanitaria y la prestación farmacéutica específica, subvenciones para gastos de desplazamiento o programas como la Renta Activa de Inserción.
El reconocimiento del grado de discapacidad también es necesario para solicitar la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, así como para acceder a subvenciones destinadas a la adaptación de vehículos, adquisición de prótesis y órtesis u otros apoyos técnicos.
El Ayuntamiento ha advertido además de que estos retrasos tienen repercusión en el ámbito educativo. El certificado es un documento requerido para determinadas becas, para la reserva de plazas en centros educativos y guarderías o para cupos específicos en el acceso a la universidad.
En el plano fiscal, el reconocimiento oficial permite aplicar deducciones y exenciones en distintos impuestos. En materia laboral, resulta necesario para optar a plazas reservadas a personas con discapacidad en procesos selectivos, así como para que las empresas puedan acogerse a bonificaciones por contratación.
Otra de las áreas afectadas es la tramitación del título de familia numerosa cuando concurre una situación de discapacidad en alguno de sus miembros, lo que condiciona el acceso a los beneficios asociados a esta condición.
El Ayuntamiento ha instado a la Junta de Andalucía a adoptar medidas para reducir los tiempos de tramitación y dar respuesta a las solicitudes pendientes. La competencia en la valoración y reconocimiento del grado de discapacidad corresponde a la administración autonómica, a través de sus delegaciones territoriales.
Según los datos facilitados por el Consistorio, las 1.300 personas afectadas en Chiclana se encuentran pendientes tanto de nuevas valoraciones como de revisiones de grado ya reconocido, procedimientos que igualmente requieren resolución administrativa para surtir efecto.
La acumulación de expedientes y la demora en su resolución mantienen en situación de espera a los solicitantes, que no pueden completar otros trámites hasta obtener el certificado oficial. El Ayuntamiento ha señalado que continuará trasladando esta situación a la administración autonómica con el objetivo de que se agilicen los procedimientos.
