CSIF alerta de la infradeclaración de enfermedades profesionales en Cádiz tras registrar 193 bajas en 2025
El sindicato advierte de que la infradeclaración de enfermedades profesionales en Cádiz impide conocer la dimensión real del problema y reclama más recursos para que la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales sea efectiva.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado este lunes sobre la infradeclaración de enfermedades profesionales en Cádiz, donde en 2025 se registraron 193 bajas por patologías de origen laboral, según datos oficiales. El sindicato sostiene que esta cifra “no refleja la realidad”, ya que muchas dolencias derivadas del trabajo se tramitan como enfermedades comunes.
La advertencia se ha realizado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado el 28 de abril, coincidiendo con la inauguración de las II Jornadas Autonómicas de Prevención de Riesgos Laborales organizadas por CSIF en Málaga.
Según los datos expuestos por la organización sindical, en Andalucía se contabilizaron en 2025 un total de 764 enfermedades profesionales con baja laboral, la mayoría vinculadas a agentes físicos. En términos absolutos, la provincia de Cádiz encabeza el número de casos registrados, por delante de Sevilla y Málaga.
El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, señaló durante la inauguración de las jornadas que la infradeclaración supone un problema estructural. “No declarar una enfermedad profesional es negar un derecho”, afirmó. El sindicato advierte de que existe un infradiagnóstico derivado de fallos en el sistema de prevención y de la falta de reconocimiento de determinadas patologías como contingencias profesionales.
Entre los ejemplos citados, CSIF destaca el cáncer de origen laboral, que representa el 0,25 % de los casos reconocidos oficialmente. A juicio del sindicato, este porcentaje evidencia una brecha entre los diagnósticos reales y los casos que finalmente se reconocen como enfermedades profesionales.
La organización también ha trasladado al Ministerio de Trabajo y Economía Social una serie de propuestas ante la inminente reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en vigor desde hace más de 30 años. CSIF considera que la norma debe actualizarse para adaptarse a nuevas realidades laborales, como los riesgos asociados a la digitalización o los problemas de salud mental vinculados al trabajo.
No obstante, el sindicato advierte de que la nueva ley “nacerá abocada al fracaso” si no se acompaña de una dotación suficiente de recursos humanos y económicos. Bajo el lema ‘La prevención no se improvisa: necesita medios’, la organización denuncia que los servicios de prevención presentan déficit de personal técnico y sanitario, lo que dificulta la realización de evaluaciones de riesgos actualizadas y un seguimiento adecuado de la salud de los trabajadores.
En este contexto, CSIF subraya que la falta de inversión limita la implantación de medidas preventivas y la adaptación de los puestos de trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado.
El sindicato también alerta del desconocimiento existente entre los trabajadores sobre sus derechos en materia de salud laboral. Según un estudio interno de ámbito nacional, el 70 % del personal de las administraciones públicas afirma conocer los riesgos de su puesto, pero desconoce qué derechos le asisten en caso de enfermedad profesional. Además, solo el 37 % identifica con claridad qué se considera enfermedad laboral.
El informe recoge igualmente que el 63 % de los trabajadores no ha recibido formación específica sobre los riesgos asociados a su puesto en los últimos años y que más de dos tercios han necesitado medicación para afrontar la jornada laboral en algún momento.
CSIF insiste en que la infradeclaración de enfermedades profesionales en Cádiz y en el conjunto de Andalucía impide dimensionar correctamente el impacto de los riesgos laborales y dificulta la adopción de medidas preventivas eficaces. El sindicato reclama un refuerzo de los servicios de prevención, mayor formación y campañas de información para garantizar el reconocimiento de las patologías derivadas del trabajo.
