Condena por construir sin licencia en suelo rústico en Chiclana: prisión, multa y demolición de dos viviendas
Una sentencia penal impone un año y ocho meses de cárcel y ordena la demolición de varias edificaciones tras una condena por construir sin licencia en suelo rústico en Chiclana, donde se levantaron dos viviendas y piscinas sin autorización municipal.
El Juzgado de lo Penal del Tribunal de Instancia de Cádiz ha condenado a dos personas por un delito contra la ordenación del territorio tras construir sin licencia en suelo rústico en Chiclana. La sentencia, número 109/2026, impone a uno de los acusados una pena de un año y ocho meses de prisión, multa de 3.360 euros e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la construcción durante dos años y seis meses. Además, ordena la demolición de las edificaciones y cerramientos ejecutados.
Los hechos se remontan a septiembre y octubre de 2022, cuando los condenados procedieron a dividir una parcela situada en suelo no urbanizable no especializado —actualmente clasificado como suelo rústico conforme a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)— y levantaron varias construcciones sin solicitar licencia municipal.
Según recoge la resolución judicial, la parcela fue adquirida en diciembre de 2020 mediante escritura pública por un importe de 30.000 euros. Posteriormente, se realizó una subparcelación del terreno en dos fincas, separadas por un muro medianero de bloques de hormigón.
En una de las parcelas se construyó una vivienda de dos plantas con una superficie aproximada de 150 metros cuadrados, una edificación adicional de unos 20 metros cuadrados y una piscina de 24 metros cuadrados. En la otra, se levantó otra vivienda de dos plantas de unos 120 metros cuadrados, una construcción auxiliar de aproximadamente 12 metros cuadrados y una piscina de similares dimensiones.
El acta de inspección urbanística fue emitida por técnicos municipales el 14 de septiembre de 2022. En ella se constató la división del terreno y la ejecución de las obras sin licencia y sin que constara solicitud alguna por parte de los propietarios. Un informe técnico posterior concluyó que las construcciones no eran legalizables conforme a la normativa urbanística vigente en el municipio.
El valor estimado de las edificaciones ejecutadas asciende a 360.516,92 euros, según la sentencia.
El procedimiento judicial tiene su origen en las Diligencias Previas 174/2024. El Ayuntamiento de Chiclana se personó como acusación particular tras incoar en 2022 un expediente de Restablecimiento de la Legalidad Urbanística (RLU) desde la Delegación de Urbanismo, Planeamiento y Desarrollo Urbano. El Consistorio dio traslado de los hechos al Ministerio Fiscal ante la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319.2 y 3 del Código Penal.
La sentencia considera probado que el principal condenado actuó “a sabiendas” de que el suelo estaba clasificado como no urbanizable y que las construcciones carecían de cobertura legal. La otra persona condenada responde como partícipe a título lucrativo.
Además de las penas de prisión y multa, el fallo judicial obliga a los condenados a asumir a su costa la demolición y eliminación de todas las edificaciones ejecutadas, así como la retirada completa de los cerramientos. Aunque la pena impuesta es inferior a dos años y podría no implicar el ingreso efectivo en prisión si se cumplen los requisitos legales, la condena conlleva antecedentes penales.
El Ayuntamiento de Chiclana ha informado de la resolución judicial y ha destacado que la sentencia es resultado de las actuaciones de inspección y disciplina urbanística desarrolladas en este caso. El Consistorio viene advirtiendo de las consecuencias legales de realizar construcciones en suelo rústico sin licencia, especialmente en relación con la imposibilidad de legalización y la eventual demolición.
El fallo refuerza la vía penal en materia de disciplina urbanística en el municipio y subraya las consecuencias jurídicas de la construcción sin autorización en terrenos no urbanizables.
