El sindicato solicita al Ayuntamiento de Cádiz, al Instituto Municipal de Deportes y a la Universidad de Cádiz información sobre el encaje legal y competencial de un contrato para actividades náutico-deportivas en espacios municipales.
Autonomía Obrera ha solicitado al Ayuntamiento de Cádiz, al Instituto Municipal de Deportes (IMD) y a la Universidad de Cádiz (UCA) que aclaren el alcance de las actividades y servicios contemplados en un expediente de contratación promovido por la institución académica para el desarrollo de actividades y competiciones náutico-deportivas en instalaciones vinculadas al ámbito municipal.
Según explica el sindicato, la petición surge tras analizar la documentación del expediente, con el objetivo de comprobar si todas las actuaciones previstas se ajustan a los convenios de colaboración existentes, al reparto de competencias entre administraciones y a las obligaciones establecidas en la Ley del Deporte de Andalucía.
La contratación impulsada por la Universidad contempla servicios relacionados con la monitorización deportiva, apoyo técnico a competiciones, jornadas de promoción, bautismos náuticos, cursos formativos, mantenimiento de material y coordinación de actividades en distintos espacios náuticos de la Bahía de Cádiz.
Autonomía Obrera considera necesario aclarar si todos estos servicios están amparados por los acuerdos de uso vigentes entre las administraciones implicadas y si algunas de las funciones previstas podrían coincidir o solaparse con competencias o servicios que actualmente desarrolla el Instituto Municipal de Deportes.
El sindicato también plantea dudas sobre el cumplimiento de las exigencias legales en materia de seguridad, responsabilidad civil, cualificación profesional del personal técnico, coordinación operativa y supervisión administrativa. A su juicio, resulta imprescindible verificar que todas las actividades previstas cuentan con las garantías requeridas por la normativa deportiva vigente.
Entre las cuestiones que suscitan preocupación figura la posible coexistencia de distintos operadores prestando servicios similares en instalaciones públicas. Según Autonomía Obrera, esta circunstancia podría generar duplicidades organizativas, problemas de coordinación y diferencias en las condiciones laborales del personal que desarrolla su actividad en el ámbito deportivo municipal.
La organización sindical recuerda que las instalaciones deportivas de titularidad pública deben gestionarse bajo criterios de transparencia, seguridad, eficacia y defensa del interés general, garantizando además el respeto a las competencias de cada administración y el uso adecuado de los recursos públicos.
Por ello, Autonomía Obrera reclama una revisión detallada del expediente de contratación promovido por la Universidad de Cádiz, así como la publicación de los convenios, autorizaciones o instrumentos jurídicos que permiten el desarrollo de estas actividades en instalaciones municipales. Además, solicita que se confirme el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley del Deporte de Andalucía y que el Instituto Municipal de Deportes emita un informe sobre el alcance de sus competencias y la compatibilidad de los servicios contratados con los ya existentes.
El sindicato concluye que una delimitación clara de las competencias entre administraciones y una mayor transparencia sobre el desarrollo de estas actividades son elementos esenciales para garantizar una gestión eficiente de las instalaciones deportivas públicas y la protección de los derechos tanto de los trabajadores como de los usuarios.
