“No hay nada que ocultar en las contrataciones en la Diputación de Cádiz” ha indicado el diputado de Función Pública, Fran González, tras la reunión de la Comisión Informativa Permanente de su departamento, celebrada hoy, solicitada por el Grupo Popular, cuyo portavoz José Loaiza denunció a finales de enero que la Corporación Provincial había sido sancionada por la Inspección de Trabajo por contrataciones irregulares de trabajadores en la atención directa en las residencias de mayores.
En esta reunión de la comisión los grupos políticos han recibido información sobre las cuestiones relacionadas con las contrataciones del personal en la Diputación. También se ha facilitado la relación de actas levantas por la Inspección de Trabajo durante el período de gobierno del actual equipo referidas todas a ellas a prevención de riesgos laborales, sin que haya sanciones por parte de Trabajo en este ámbito.
La Comisión Informativa Permanente también ha tenido conocimiento de las sanciones por irregularidades laborales, expedientes y pago de intereses de demora durante los cuatro años de gobierno del Partido Popular. En total la Diputación tuvo que pagar más de 721.000 euros para atender las cuantías económicas derivadas de los procedimientos, ha informado el diputado de Función Pública.
En la citada comisión también se ha constatado que el Grupo Popular ha solicitado durante el actual período de gobierno 16 peticiones de información al área de Función Pública. En 12 ocasiones renunció a la consulta de expedientes y las 4 restantes fueron atendidas. El Grupo Popular asimismo ha trasladado al área de Función Pública 5 preguntas en el Pleno, que fueron contestadas.
El diputado Fran González ha señalado que la información facilitada a la Comisión Informativa Permanente demuestra que “no existe oscurantismo ni en el área de Función Pública ni en la Diputación, a no ser que se quiera hacer un uso torticero del control obligado en un grupo de oposición, sin la lealtad exigida en el desempeño democrático”.
Fran González también ha reiterado que la denuncia de la gestión del área de Función Pública no sólo cuestiona al equipo de Gobierno provincial, también la actuación de los técnicos de la Diputación.