El Gobierno aprueba una inversión récord en el sistema de dependencia con 6.200 millones hasta 2027

La inversión en el sistema de dependencia 2026 incrementa desde el 1 de julio las transferencias a las comunidades autónomas y duplica la financiación estatal respecto a 2025

El Consejo de Ministros ha aprobado una inyección extraordinaria de 6.200 millones de euros para reforzar el sistema de atención a la dependencia entre lo que queda de 2026 y 2027. La medida, presentada este martes en La Moncloa, supone duplicar la inversión estatal prevista para 2025 y eleva de forma significativa las cantidades que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con grado reconocido de dependencia.

La reforma entrará en vigor el 1 de julio y modifica las cuantías mensuales que reciben las autonomías. En el caso del grado I, la aportación estatal pasa de 76 a 90 euros al mes; en el grado II, de 130 a 260 euros; y en el grado III, de 290 a 660 euros mensuales. El objetivo, según explicó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, es reforzar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y avanzar hacia una mayor cobertura.

Con esta inversión en el sistema de dependencia 2026, la aportación del Estado alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.234,4 millones en 2027. El Ejecutivo sostiene que se trata del mayor esfuerzo presupuestario realizado hasta ahora en esta materia.

Las transferencias adicionales se canalizarán a través de las comunidades autónomas, que son las competentes en la gestión directa de los servicios y prestaciones. En el caso de Andalucía, el incremento de fondos estatales deberá concretarse en la planificación y ejecución por parte de la Junta, responsable de la valoración, reconocimiento y prestación de ayudas a las personas dependientes en provincias como Cádiz.

El ministro señaló que el aumento de recursos permitirá reducir listas de espera, mejorar la intensidad de las prestaciones y reforzar las condiciones laborales en el sector de los cuidados. En la actualidad, el sistema atiende a 1.682.789 personas en toda España, según los datos facilitados por el Gobierno.

La medida se aprobará mediante real decreto ley y el Ejecutivo prevé que su convalidación en el Congreso coincida con la tramitación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia. Estas modificaciones legales pretenden actualizar el marco normativo del sistema y consolidar los cambios en la financiación.

El Gobierno enmarca esta decisión en el contexto del envejecimiento progresivo de la población y el aumento previsto de las necesidades de atención en los próximos años. Según explicó el ministro, será necesario incrementar también el número de profesionales vinculados al sistema de cuidados para atender esa demanda creciente.

Impacto económico y empleo

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Derechos Sociales defendió que el refuerzo presupuestario tendrá también efectos económicos. Citó un estudio del Centro Internacional sobre el Envejecimiento según el cual cada euro invertido en dependencia genera 1,6 euros de actividad económica y 95.000 empleos directos en el sector.

De acuerdo con las estimaciones del Ejecutivo, la nueva financiación podría traducirse en la creación de hasta 100.000 empleos adicionales y en un retorno de alrededor de 3.000 millones de euros para las arcas públicas a través de cotizaciones e impuestos.

Otros acuerdos del Consejo

En la misma reunión, el Consejo de Ministros aprobó además una modificación del Reglamento General de Circulación para reforzar la protección de usuarios vulnerables, como ciclistas y peatones. Entre otras medidas, los conductores deberán reducir al menos 20 kilómetros por hora su velocidad al adelantar bicicletas en vías interurbanas y cambiar completamente de carril cuando exista más de uno por sentido.

La reforma también establece nuevas obligaciones para los usuarios de vehículos de movilidad personal, fija en 15 años la edad mínima para conducirlos y endurece las condiciones de circulación en situaciones meteorológicas adversas.

Asimismo, el Ejecutivo autorizó una contribución de 300 millones de euros a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC) para optar a albergar una gigafactoría de inteligencia artificial en España, además de inversiones en empresas tecnológicas vinculadas a la computación cuántica y los chips fotónicos.

La principal medida adoptada, no obstante, es el refuerzo financiero del sistema de dependencia, cuya aplicación práctica dependerá ahora de la gestión autonómica y de la posterior tramitación parlamentaria del decreto ley.