La Junta impulsará una ley sobre agresiones a profesionales sanitarios en Andalucía con multas de hasta 60.000 euros

La futura ley sobre agresiones a profesionales sanitarios en Andalucía incluirá un régimen sancionador para castigar insultos, amenazas y ataques físicos, en un contexto en el que Cádiz registró 282 casos en 2025, un 18% menos que el año anterior

La Junta de Andalucía impulsará una ley específica sobre agresiones a profesionales del sistema sanitario público que contemplará multas de hasta 60.000 euros y medidas adicionales como la restricción de acceso a centros sanitarios. El anuncio lo realizó este 26 de junio el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la reunión del Pleno del Observatorio de Agresiones a las Personas Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Según explicó, el texto será la primera iniciativa parlamentaria que tramitará la Consejería al inicio del próximo periodo de sesiones. El objetivo es dotar a la Administración autonómica de un marco normativo propio que permita sancionar por vía administrativa determinadas conductas contra el personal sanitario.

La futura ley sobre agresiones a profesionales sanitarios en Andalucía incluirá un régimen sancionador que abarcará agresiones verbales —como insultos o vejaciones—, amenazas, coacciones, agresiones físicas y también las cometidas a través de medios digitales o redes sociales. Las infracciones se clasificarán en leves y graves, con sanciones que podrán alcanzar los 60.000 euros.

Además de las multas, la norma prevé medidas complementarias como la restricción o el condicionamiento del acceso a centros sanitarios, el cambio de centro o de profesional asignado al agresor y la coordinación con posibles medidas adoptadas por la vía judicial.

El anuncio se produce en un contexto de aumento de las agresiones registradas en Andalucía. En 2025 se contabilizaron 1.976 agresiones a profesionales sanitarios en la comunidad, de las que 387 fueron físicas y 1.589 no físicas. La tasa de incidencia se situó en 15,41 notificaciones por cada 1.000 profesionales, por debajo de la media nacional, que fue de 24,37, con un total de 18.563 casos en el conjunto de España.

Por provincias, Sevilla encabezó el número de agresiones con 569 casos, seguida de Málaga (310) y Cádiz, con 282. En la provincia gaditana, sin embargo, los datos reflejan un descenso del 18% respecto a 2024, siendo la única andaluza donde bajaron las cifras el pasado año.

El 74% de las agresiones registradas en Andalucía afectaron a mujeres y el 26% a hombres. La Consejería ha detectado además un incremento de los casos protagonizados por personas con patologías mentales o deterioro cognitivo.

En Atención Primaria, el 52% de las agresiones tuvieron su origen en demandas del usuario, mientras que en el ámbito hospitalario el motivo más frecuente fue también la demanda asistencial (22%), seguido del desacuerdo con el trato recibido (21%). En cuanto al lugar de los hechos, un 33% de las agresiones en Atención Primaria se produjeron en la consulta médica y un 24% de las hospitalarias en la habitación del paciente.

Durante la reunión del Observatorio también se repasaron las medidas ya en marcha dentro del Plan de Prevención y Atención a las Agresiones. En 2025, los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud realizaron 195 asistencias letradas a profesionales, de las que 33 fueron tipificadas como delito de atentado.

La Junta ha reforzado asimismo los dispositivos de seguridad en los centros considerados más conflictivos. Según los datos facilitados, los centros sanitarios andaluces cuentan con más de 50.000 dispositivos de seguridad, entre cámaras, sistemas de aviso en consultas y alarmas individuales. La inversión en esta materia ha pasado de 37 millones de euros en 2020 a cerca de 60 millones en 2025.

También se ha reforzado la denominada Unidad Sócrates (Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios), que desde su creación ha realizado 694 entrevistas con responsables de centros y vigilantes de seguridad, además de activar actuaciones preventivas ante situaciones de riesgo.

El Observatorio de Agresiones, constituido formalmente el pasado 5 de noviembre, está integrado por representantes de la Consejería, el SAS, Policía Nacional Adscrita, Guardia Civil, Policía Nacional, colegios profesionales y sindicatos. En el último pleno se acordó la creación de cinco grupos de trabajo para analizar los datos y proponer nuevas medidas en los ámbitos jurídico, formativo, asistencial y de sensibilización.

La tramitación de la ley marcará el siguiente paso en la estrategia autonómica frente a un problema que, aunque ha descendido en Cádiz, mantiene cifras elevadas en el conjunto de Andalucía.