El Gobierno aprueba el Plan de Integración y Ciudadanía con 500 millones de euros para su primer año

El Plan de Integración y Ciudadanía, presentado por Pedro Sánchez en Madrid, contempla 16 medidas y una inversión inicial de más de 500 millones de euros para 2026, con actuaciones en empleo, formación, servicios públicos y regularización de personas migrantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este lunes la puesta en marcha del Plan de Integración y Ciudadanía, dotado con más de 500 millones de euros en su primer año de aplicación. El programa, que fija 16 medidas estructuradas en cuatro ejes y 10 objetivos con horizonte en 2030, busca ordenar los flujos migratorios y reforzar las políticas de inclusión social y laboral.

La presentación tuvo lugar en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y contó con la presencia de varios miembros del Ejecutivo, así como representantes de la patronal y los sindicatos. Según explicó el presidente, el plan ha sido elaborado durante meses con la participación de una decena de ministerios y aportaciones de la sociedad civil y del diálogo social.

El primer eje se centra en la ordenación de los flujos migratorios y en la regularidad administrativa como base de la integración. En este marco se incluye el proceso extraordinario de regularización actualmente en marcha, que ha registrado más de un millón de solicitudes, según datos facilitados durante el acto. El Ejecutivo prevé además impulsar una Estrategia de Movilidad Laboral para habilitar vías legales de acceso al mercado de trabajo y crear una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana que coordine competencias actualmente dispersas.

El segundo bloque sitúa el empleo como herramienta principal de inclusión. El Gobierno destinará más de 35 millones de euros para facilitar la incorporación laboral en sectores con alta demanda, como la construcción, la hostelería y los cuidados, así como para apoyar el emprendimiento y reforzar oportunidades en el medio rural.

Dentro de este eje se contempla también una oferta extraordinaria de Formación Profesional, con una inversión superior a 150 millones de euros y más de 100.000 plazas. Estas acciones estarán orientadas a mejorar la cualificación profesional y adaptar las competencias a las necesidades del mercado laboral.

El tercer eje aborda la integración desde la perspectiva de derechos y deberes. El plan prevé cerca de 30 millones de euros para programas de aprendizaje de lenguas oficiales y conocimiento de normas y valores democráticos. También se reforzarán iniciativas de integración comunitaria, la lucha contra los discursos de odio y el apoyo a víctimas de discriminación.

El cuarto apartado está centrado en el refuerzo de los servicios públicos para garantizar la igualdad de oportunidades. Más de 200 millones de euros se destinarán a actuaciones en el ámbito educativo, sanitario y de acceso a la vivienda. Entre otras medidas, se impulsarán acciones contra la segregación escolar, programas de apoyo lingüístico desde edades tempranas y medidas para asegurar el acceso efectivo al Sistema Nacional de Salud.

Durante su intervención, Sánchez defendió que la inmigración tiene impacto en el crecimiento económico y en el sostenimiento del Estado del bienestar, especialmente en un contexto de envejecimiento demográfico. Según indicó, casi la mitad del crecimiento del PIB desde 2022 está vinculado a la llegada de población migrante. También señaló que, en lo que va de 2026, las llegadas irregulares se han reducido en un tercio respecto al mismo periodo del año anterior y en un 70% en el caso de Canarias.

El Plan de Integración y Ciudadanía se aplicará de forma progresiva y su financiación podrá ampliarse en función de las necesidades y del desarrollo de las medidas previstas. El Ejecutivo lo presenta como el marco general de su política migratoria para los próximos años, con la intención de combinar control administrativo, acceso al empleo y refuerzo de los servicios públicos.

Aunque el anuncio tiene alcance estatal, las medidas previstas afectarán a comunidades autónomas y entidades locales, que gestionan competencias clave en educación, servicios sociales y atención primaria, ámbitos donde se concentrará parte de la inversión anunciada.