Los graduados sociales alertan del coste de las bajas por enfermedad común en Cádiz: 565 millones en 2025

El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta advierte del impacto de las bajas por enfermedad común en Cádiz, donde la incapacidad temporal por contingencias comunes superó los 565 millones de euros el pasado año y registra procesos más prolongados que en otros territorios.

Las bajas por enfermedad común en Cádiz generaron en 2025 un coste superior a los 565 millones de euros, según los datos analizados por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, que ha alertado del impacto que la incapacidad temporal por contingencias comunes está teniendo en las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

La organización profesional, reunida en junta general en el edificio Europa de la Zona Franca de Cádiz, sostiene que el volumen y la duración de estos procesos se han convertido en un problema estructural para el tejido empresarial gaditano, compuesto mayoritariamente por pymes, micropymes y autónomos empleadores.

En la provincia se registran 36,44 procesos de baja por cada 100 trabajadores. Aunque el número de procesos no es necesariamente superior al de otros territorios, el Colegio señala que su duración media es más elevada, lo que incrementa el coste económico y organizativo para las empresas y para el sistema público de prestaciones.

El presidente del Colegio, José Blas Fernández Sánchez, subraya que el debate no cuestiona el derecho del trabajador a recibir asistencia sanitaria ni a permanecer de baja cuando su estado de salud le impide trabajar. “Ese derecho no está en discusión”, afirma. No obstante, plantea la necesidad de revisar el funcionamiento del sistema en aspectos como los tiempos de respuesta, los mecanismos de control y la coordinación entre el Servicio Público de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y las empresas.

El régimen general establece que los tres primeros días de baja no generan subsidio; del cuarto al vigésimo día se abona el 60% de la base reguladora y, a partir del día 21, el 75%. Entre los días 4 y 15 el coste corre a cargo de la empresa, mientras que desde el día 16 lo asume la Seguridad Social o la mutua correspondiente. A ello se suman los convenios colectivos que complementan la prestación hasta el 100% del salario en numerosos sectores, lo que, según el Colegio, añade carga económica a las empresas.

La entidad relaciona la prolongación de los procesos con las listas de espera sanitarias. Recuerda que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha señalado una correlación entre los tiempos de espera en el Sistema Nacional de Salud y la duración de las bajas, especialmente en patologías musculoesqueléticas, traumatológicas, neurológicas, digestivas y de salud mental.

En este último ámbito, el Colegio advierte del aumento de procesos vinculados a trastornos mentales, que presentan una duración media de 98,5 días, según datos citados de la AIReF. A su juicio, esta situación requiere refuerzo asistencial y mayor seguimiento de los casos de larga duración.

El análisis se extiende también a Ceuta, donde el Colegio presta servicio profesional. En 2024, con una población protegida de 15.992 trabajadores, se iniciaron 4.540 procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, con una duración media de 52,9 días y una incidencia mensual de 23,6 procesos por cada 1.000 trabajadores. El impacto económico superó los 16,9 millones de euros, de los que 7,69 millones fueron asumidos directamente por empresas locales. Durante el primer semestre de 2025, la incidencia mensual repuntó hasta 25,5 procesos por cada 1.000 trabajadores.

En el caso ceutí, la asistencia sanitaria pública depende del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), a diferencia de Andalucía, donde la competencia corresponde al Servicio Andaluz de Salud. El Colegio apunta a factores como la dimensión reducida del mercado laboral y las dificultades asistenciales específicas de la ciudad autónoma.

Ante este escenario, la corporación plantea la necesidad de un acuerdo institucional que implique a la Administración del Estado, las comunidades autónomas, el INGESA en Ceuta, el INSS, las mutuas y los agentes sociales. Entre las medidas propuestas figuran el refuerzo de la inspección médica, la agilización de pruebas diagnósticas y consultas especializadas, una mayor interoperabilidad entre sistemas sanitarios y de Seguridad Social y programas de reincorporación progresiva al puesto de trabajo cuando la situación clínica lo permita.

El Colegio considera que la sostenibilidad del sistema exige equilibrar la protección al trabajador con una gestión más ágil de los procesos para evitar que las bajas se prolonguen por demoras administrativas o sanitarias, en un contexto en el que el peso económico de la incapacidad temporal tiene especial incidencia en provincias como Cádiz.