El Gobierno activa el pago de 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas

El Ministerio de Vivienda remite a las comunidades autónomas la documentación para transferir la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones hasta 2030 y que incluye ayudas a rehabilitación, vivienda rural y compra para jóvenes.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha remitido a las comunidades autónomas la documentación necesaria para efectuar el pago de los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, correspondientes a la anualidad de 2026. Con este trámite, el Gobierno inicia la transferencia de fondos, a la espera de que los ejecutivos autonómicos formalicen su aceptación para que el abono se haga efectivo.

La ministra Isabel Rodríguez anunció el envío de la documentación este martes durante una visita a Almagro (Ciudad Real). Según explicó, el Ministerio ha trasladado a las comunidades una propuesta de resolución y un modelo de conformidad que deben firmar para acceder a los fondos.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 está dotado con 7.000 millones de euros para el conjunto del periodo, una cuantía que, según el Ministerio, triplica la del plan anterior. La financiación se articula bajo un modelo de cofinanciación: el 60% corre a cargo del Estado y el 40% corresponde a las comunidades autónomas.

Entre las condiciones para recibir los fondos figura el compromiso de que la vivienda financiada con recursos públicos no pueda ser objeto de venta a fondos de inversión ni destinarse a operaciones especulativas, así como la obligación de transparencia en la gestión de los datos. Las comunidades ya habían respaldado estos requisitos en conferencias sectoriales previas, aunque deben ratificarlos nuevamente para desbloquear el pago.

Andalucía, como el resto de comunidades, deberá ahora formalizar la documentación remitida para poder recibir su parte proporcional de estos 800 millones iniciales. La distribución territorial concreta no se detalla en la comunicación del Ministerio.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incorpora varias líneas de actuación que podrán desarrollarse en municipios gaditanos una vez se activen los fondos. Entre ellas, destacan las ayudas a la rehabilitación de viviendas, con subvenciones de hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales; hasta 13.000 euros para mejoras de accesibilidad; y hasta 20.500 euros para intervenciones de eficiencia energética, en función del ahorro conseguido y las características del inmueble.

En el caso de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial, el plan prevé ayudas adicionales de hasta 30.000 euros. La suma de distintos conceptos podría alcanzar, según el Ministerio, hasta 50.000 euros por vivienda en determinados supuestos. Esta línea podría tener incidencia en municipios con conjuntos históricos protegidos de la provincia, como Cádiz, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda o El Puerto de Santa María.

El programa también contempla medidas para movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible. Los propietarios que cedan su inmueble a la comunidad autónoma durante siete años para destinarlo a arrendamiento a precio limitado recibirán una compensación económica. Además, el Estado podrá invertir hasta 12.000 euros en su adecuación inicial y se establecen ayudas a la rehabilitación de hasta 35.000 euros si posteriormente se destina al alquiler residencial durante un mínimo de cinco años a precio asequible.

Otra de las líneas incluidas en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es el apoyo a la compra para jóvenes. Se prevén ayudas de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que adquieran o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes, ampliables a localidades de hasta 20.000 habitantes en caso de pérdida de población. En la provincia de Cádiz, esta medida podría afectar especialmente a municipios del interior con menor densidad demográfica.

El plan incorpora además una atención específica al medio rural, con el objetivo de facilitar el acceso a vivienda y favorecer la cohesión territorial. La concreción de estas actuaciones dependerá del desarrollo que realice cada comunidad autónoma una vez recibidos los fondos.

El Ministerio confía en que las comunidades autónomas firmen la documentación “cuanto antes” para que la transferencia se haga efectiva y puedan ponerse en marcha las distintas líneas de ayudas. Por el momento, el proceso se encuentra en fase administrativa previa al pago de esta primera anualidad de 800 millones de euros.