La Junta revisará la compraventa y el alquiler de viviendas en Cádiz hasta diciembre de 2026

La campaña de compraventa y alquiler de viviendas contempla al menos 130 actuaciones en Andalucía para comprobar ofertas, contratos, fianzas y gastos de gestión inmobiliaria

La Dirección General de Consumo de la Junta desarrollará en Cádiz, al igual que en el resto de las provincias andaluzas, una campaña de compraventa y alquiler de viviendas que se prolongará hasta diciembre de 2026. El programa contempla al menos 130 actuaciones en el conjunto de Andalucía dirigidas a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras.

Las comprobaciones, iniciadas en julio, abarcan viviendas en proyecto o en construcción, inmuebles nuevos y usados y operaciones de arrendamiento. La campaña depende de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y tiene como finalidad evaluar el cumplimiento de la normativa de consumo en las operaciones inmobiliarias.

Una de las líneas de revisión se centra en las ofertas, promociones y acciones publicitarias vinculadas a la venta y el alquiler. Los controles analizarán si la información proporcionada a los consumidores recoge las características de la vivienda, el precio, las condiciones de pago y las garantías aplicables a las cantidades entregadas a cuenta.

También se comprobará la información relativa a las responsabilidades de los diferentes agentes que intervienen en el proceso de edificación. Consumo examinará, además, si las viviendas ofrecidas se corresponden con las características anunciadas y si esos datos figuran tanto en la documentación previa como en los contratos finalmente suscritos.

La campaña incluye la revisión de los modelos contractuales utilizados por las empresas intermediarias. Las actuaciones alcanzarán igualmente a contratos de compraventa y arrendamiento ya formalizados, con el objetivo de verificar su adecuación a la normativa de protección de las personas consumidoras.

En el ámbito del alquiler, los controles prestarán especial atención al cobro de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. La Junta comprobará que las empresas intermediarias no repercutan ni exijan estos pagos a los arrendatarios.

Otro de los aspectos sometidos a revisión será la fianza exigida en los arrendamientos de vivienda, que no puede superar una mensualidad de renta. Los inspectores verificarán asimismo las obligaciones relacionadas con el certificado de eficiencia energética, tanto en las ofertas difundidas directamente por las empresas como en los anuncios publicados en plataformas de intermediación inmobiliaria.

Las actuaciones también analizarán la relación contractual entre las empresas inmobiliarias y los propietarios que tengan la consideración de consumidores. En este apartado se revisarán documentos utilizados habitualmente para encargar o autorizar la intermediación, entre ellos las notas de encargo, los contratos de gestión y las autorizaciones de venta.

El programa se desarrollará en las ocho provincias andaluzas. Las 130 actuaciones previstas se repartirán entre las distintas modalidades incluidas en la campaña: vivienda en proyecto o construcción, vivienda nueva, vivienda usada y arrendamientos.