La Junta alega contra las restricciones a los centros de datos en Andalucía

El Gobierno andaluz pide modificar el proyecto de real decreto sobre centros de datos en Andalucía por sus exigencias energéticas y su aplicación a iniciativas ya en tramitación

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado instar al Ejecutivo central a aceptar sus alegaciones al proyecto de real decreto que regulará los requisitos para instalar centros de datos en España. La Administración autonómica sostiene que la redacción planteada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico impondría condiciones que dificultarían tanto la puesta en marcha como la ampliación de centros de datos en Andalucía.

Las objeciones del Gobierno andaluz se centran en las exigencias de suministro eléctrico renovable, la aplicación de los nuevos requisitos a proyectos que ya se encuentran en tramitación y las cargas administrativas previstas. Según la Junta, estas condiciones generarían inseguridad jurídica y supondrían un tratamiento más restrictivo que el establecido para otros sectores.

Uno de los principales puntos de discrepancia es la obligación de cubrir el 80% del consumo total de los centros mediante autoconsumo o contratos de electricidad renovable. El proyecto establece además que esa energía debe proceder de instalaciones puestas en servicio exclusivamente durante los 18 meses anteriores al inicio de la operación del centro.

La Junta considera que ese plazo no se ajusta a los tiempos habituales necesarios para desarrollar nuevos proyectos renovables. También cuestiona la exigencia de que la producción de energía renovable coincida en la misma hora con el consumo del centro de datos, al entender que la medida no determina el almacenamiento necesario para garantizar el suministro durante los periodos sin producción solar.

Otra de las alegaciones afecta a la aplicación de la futura normativa a proyectos que comenzaron a tramitarse con anterioridad bajo condiciones diferentes. El Ejecutivo autonómico advierte de que esa retroactividad alteraría el marco en el que se planificaron las inversiones y podría afectar a iniciativas que ya han iniciado sus procedimientos administrativos.

El Gobierno andaluz sostiene asimismo que las condiciones recogidas en el proyecto podrían romper la unidad de mercado al imponer a los centros de datos requisitos superiores a los de otras actividades. También vincula sus alegaciones con los objetivos de la Unión Europea para desarrollar un mercado único de datos, reforzar la soberanía digital y reducir dependencias tecnológicas externas.

La Junta defiende que Andalucía dispone de capacidad de generación eléctrica renovable y de proyectos empresariales con un grado avanzado de desarrollo para acoger instalaciones vinculadas a la inteligencia artificial, los servicios en la nube y la computación avanzada. A partir de estas condiciones, considera que la comunidad podría atraer inversiones de este sector, asociado a empleos cualificados y a nuevas infraestructuras digitales.

El Ejecutivo autonómico comparte la necesidad de establecer un marco exigente que ordene el crecimiento de los centros de datos, limite el uso especulativo de la capacidad eléctrica disponible y contribuya a la soberanía digital. Sus alegaciones reclaman, sin embargo, que los requisitos sean técnicamente viables, económicamente proporcionados y compatibles con los distintos plazos de desarrollo de las infraestructuras energéticas y digitales.