‘Kichi’ defiende que el asesor “no influyó en decisiones técnicas”: “Aquí nadie ha mangado”

La defensa de ‘Kichi’ ante la acusación de la Fiscalía sostiene que el asesor contratado por su partido ayudaba a los concejales a incorporar cláusulas sociales, mientras el Ministerio Público afirma que accedió a información reservada e impartió instrucciones a funcionarios.

El exalcalde de Cádiz José María González ‘Kichi’ ha rechazado las acusaciones de la Fiscalía Provincial por la actividad desarrollada en el Ayuntamiento por un asesor contratado por Por Cádiz Sí se Puede. González sostiene que esta persona se limitaba a orientar a los concejales y que “no influyó en decisiones técnicas”.

La Fiscalía solicita para el antiguo regidor una multa de 10.800 euros y un total de 18 años de inhabilitación para ejercer cargos electos por presuntos delitos continuados de revelación de secretos y prevaricación. El escrito de acusación se enmarca en el procedimiento conocido como el caso del “asesor fantasma”.

González ha respondido a la acusación mediante un escrito publicado en sus redes sociales. “Aquí nadie ha metido la mano en la caja, nadie ha mangado y nadie ha cometido una inmoralidad”, afirmó el exalcalde, quien asegura que lo han denunciado “por hacer las cosas bien”.

El caso se refiere a un asesor contratado por el partido que sustentaba al anterior equipo de gobierno municipal. Según la Fiscalía, esta persona no tenía la condición de funcionario, trabajador municipal ni personal eventual del Ayuntamiento, pese a lo cual accedió de manera continuada a información reservada relacionada principalmente con el área de Contratación.

El Ministerio Público mantiene también que el asesor impartió instrucciones a funcionarios municipales. Su escrito señala que las decisiones, indicaciones y modificaciones de expedientes procedentes de esta persona tenían carácter preceptivo y debían ser asumidas por los empleados públicos, con el respaldo de varios integrantes del gobierno local.

Frente a este relato, la defensa de ‘Kichi’ ante la acusación de la Fiscalía sostiene que el asesor desarrollaba una labor real. “No era un asesor fantasma, era un asesor que asesoraba”, manifestó González en su comunicado.

El exalcalde explicó que su partido recurrió a este profesional después de la entrada en vigor de una nueva ley de contratos. Su función, según la versión ofrecida por González, consistía exclusivamente en ayudar a los concejales a conocer la normativa e incorporar cláusulas sociales en la contratación pública.

El objetivo era, en palabras del anterior regidor, convertir al Ayuntamiento de Cádiz en “una administración más humana”. González niega que el asesor participara en decisiones reservadas a los técnicos municipales y rechaza, por tanto, la interpretación que realiza la Fiscalía sobre el alcance de su intervención.

El escrito de acusación no afecta únicamente al exalcalde. La Fiscalía solicita las mismas penas por los mismos presuntos delitos para dos concejales del anterior equipo de gobierno, quien ocupaba entonces la jefatura del gabinete de Alcaldía y el propio asesor.

La presentación de este escrito no supone una condena. El procedimiento judicial deberá determinar si las actuaciones atribuidas a González y al resto de los acusados constituyen los delitos de prevaricación y revelación de secretos señalados por el Ministerio Público.

El exalcalde atribuye la denuncia al Partido Popular y acusa a CCOO de actuar como “cómplice”. Asimismo, cuestiona la actuación de la Justicia al considerar que aplica una “doble vara de medir” y contrapone su situación a la de otros casos relacionados con la apropiación o el uso indebido de fondos públicos.

González asegura que se trata de la denuncia número 19 presentada contra él y expresa su convencimiento de que también será archivada. Esta cifra difiere de la ofrecida por Adelante Andalucía, cuyo portavoz, José Ignacio García, habló de una veintena de procedimientos anteriores al trasladarle su apoyo.

“No nos van a meter miedo. Nos podremos equivocar, pero nunca de bando”, concluyó el exalcalde. González, que gobernó Cádiz entre 2015 y 2023, mantiene así que la contratación buscaba facilitar una política municipal distinta y niega que existiera enriquecimiento personal o una conducta inmoral por parte de los investigados.