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La Junta incluye la ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales en su plan ambiental

Redacción 9 septiembre, 2026 5 minutos de lectura

La ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales forma parte de una estrategia que contempla ayudas forestales, prevención de incendios y cambios en la tramitación ambiental

La Junta de Andalucía ha incluido la ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales entre las principales actuaciones ambientales previstas para la actual legislatura. La medida se integra en una planificación que también contempla trabajos de prevención de incendios, ayudas por 44,3 millones de euros para propietarios forestales privados y la reducción de los plazos de las autorizaciones ambientales.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez, expuso estas líneas durante su primera comparecencia ante la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Parlamento andaluz. La conservación de los espacios naturales, la adaptación al cambio climático, la economía circular y la educación ambiental completan los ejes presentados por el departamento autonómico.

La ampliación del Parque Natural de Los Alcornocales se plantea junto a la modernización de los equipamientos de uso público de la red andaluza de espacios protegidos. Según la planificación presentada por Martínez, las intervenciones en estos equipamientos atenderán especialmente a la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética y los servicios ofrecidos a los visitantes.

Andalucía cuenta con 311 espacios integrados en la Red de Espacios Naturales Protegidos, con una superficie conjunta de casi 2,9 millones de hectáreas, aproximadamente un tercio del territorio autonómico. Entre las actuaciones anunciadas figura también la próxima apertura del Centro de Visitantes de Conejeras, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en el que se han destinado cuatro millones de euros.

La prevención de incendios será otra de las líneas centrales de la Consejería. La Junta orientará los trabajos selvícolas a reducir la carga de combustible, crear paisajes en mosaico y mejorar la resistencia de los montes frente al fuego y los efectos del cambio climático.

La Administración autonómica mantendrá estas tareas en los montes públicos y en más de 517.000 hectáreas de titularidad municipal atendidas mediante convenios con los ayuntamientos. La Consejería prevé ampliar y actualizar esta colaboración con las corporaciones locales.

Los propietarios privados podrán acceder a una línea específica de ayudas dotada con 44,3 millones de euros para actuaciones de selvicultura, aprovechamiento sostenible y reducción del riesgo de incendios. El plan incorpora además la restauración de zonas quemadas y la conservación de caminos forestales utilizados en los trabajos preventivos y en el acceso de los medios de extinción.

La superficie forestal andaluza alcanza los 4,38 millones de hectáreas, más de la mitad del territorio de la comunidad. De esa extensión, el 71%, unos 3,1 millones de hectáreas, se encuentra en manos privadas. Martínez señaló que el desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Montes buscará simplificar los procedimientos administrativos y facilitar los aprovechamientos sostenibles.

La red de vías pecuarias, formada por más de 32.700 kilómetros, contará asimismo con un nuevo reglamento. Desde 2019, la Junta ha destinado cerca de 88 millones de euros a adecuar 1.852 kilómetros de estas infraestructuras.

En el apartado de los permisos ambientales, la Consejería plantea desarrollar la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía con el objetivo de acortar los plazos de las autorizaciones sin reducir las garantías ambientales, según afirmó la consejera. Este marco incluirá tres reglamentos sobre entidades colaboradoras, participación de entidades interesadas e instrumentos de prevención ambiental.

La tramitación incorporará una herramienta informática para facilitar la intervención de las entidades interesadas en los procedimientos. La digitalización alcanzará también a las ayudas forestales mediante BINDIFO, una plataforma que reunirá la información cartográfica utilizada en estos expedientes.

La política autonómica frente al cambio climático incluye 14 millones de euros para que los municipios desarrollen actuaciones de mitigación y adaptación. La planificación prestará una atención específica a las localidades con menor capacidad técnica y económica y a la reducción de riesgos ambientales, sociales y económicos.

A esta financiación se sumará una convocatoria de 2,4 millones para proyectos de investigación aplicada en espacios naturales protegidos. También se desarrollará el programa PIMA Refugios Climáticos, destinado a estudiar la respuesta de los sistemas forestales al cambio global y la creación de enclaves adecuados para la biodiversidad, con especial atención al pinsapo.

En materia de economía circular, la Junta elaborará una estrategia autonómica centrada en la reducción, la reutilización y el aprovechamiento de los residuos. También revisará el Plan Integral de Residuos de Andalucía 2030 y preparará un reglamento sobre residuos y economía circular.

Los ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, recibirán asistencia para elaborar sus planes locales. Las medidas previstas abarcan la recogida separada, el tratamiento de los biorresiduos, la adaptación de estaciones de transferencia, la modernización de puntos limpios y la recuperación ambiental de zonas degradadas.

La Consejería destinará además 1,8 millones de euros a pymes y organizaciones para talleres, jornadas y visitas de educación ambiental. La planificación incluye la continuidad de los programas Kit Sostenible y EDUCABUS, así como protocolos de colaboración con universidades y con la Consejería de Educación.

La reorganización del departamento separará la actual Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular en dos órganos: la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Litoral y la Dirección General de Economía Circular. La Junta también prevé actualizar la Red de Información Ambiental de Andalucía y aplicar inteligencia artificial a la detección de cambios en las masas forestales, entre ellos repoblaciones e incendios.