AIG pide activar el protocolo antidesahucios ante casos de emergencia habitacional en Cádiz

La moción sobre la emergencia habitacional en Cádiz propone que Procasa y Servicios Sociales revisen cada caso y coordinen posibles alternativas con la Junta de Andalucía.

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) llevará al próximo Pleno municipal una moción para pedir la activación efectiva del protocolo antidesahucios y una respuesta coordinada ante varios casos de emergencia habitacional en Cádiz. La propuesta reclama que Procasa y la Delegación de Servicios Sociales analicen de manera individualizada la situación de las familias afectadas y estudien los recursos disponibles.

La iniciativa parte de una reunión mantenida por el grupo municipal con Mujeres Vecinales, asociación vinculada a la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril. Según AIG, durante ese encuentro se expusieron varios casos de personas que llevan meses o años sin una alternativa residencial estable.

Entre las situaciones trasladadas figura la de una mujer que se aloja con sus hijos en la sede de una asociación vecinal al carecer de vivienda. También se encuentra la de una familia que, según la información facilitada por la formación, lleva más de un año durmiendo en un vehículo.

A estos casos se suman el de una mujer que acumula casi cuatro años residiendo en un albergue y el de otra persona que afronta un nuevo desahucio previsto para finales de septiembre, después de haber sufrido otros dos anteriormente. AIG utiliza estas situaciones para reclamar una intervención municipal que vaya más allá de la orientación a las personas afectadas hacia distintos servicios.

La portavoz adjunta del grupo municipal, Helena Fernández, sostiene que se trata de familias que llevan “muchísimo tiempo” en condiciones inadecuadas y que necesitan una respuesta de las administraciones. “No solamente orientación o que se les indique a qué puerta tienen que llamar”, señaló al presentar el contenido de la moción.

La propuesta plantea que el Ayuntamiento aplique de manera efectiva el protocolo antidesahucios existente y recupere su vertiente preventiva. El objetivo, según el texto anunciado por AIG, es que las familias en riesgo sean evaluadas antes de que pierdan su vivienda o lleguen a una situación residencial de mayor gravedad.

Otro de los puntos de la moción reclama una reunión urgente entre Procasa, la empresa municipal de vivienda, y la Delegación de Servicios Sociales. La formación considera que ambos departamentos deben examinar conjuntamente los casos y evitar que las personas afectadas tengan que acudir sucesivamente a diferentes dependencias municipales sin obtener una respuesta coordinada.

Fernández defiende que cada situación debe someterse a una revisión específica, debido a que las circunstancias y las necesidades no son las mismas en todos los casos. La moción pide que los servicios municipales estudien qué recursos pueden utilizar y qué alternativas pueden plantearse para cada familia.

AIG también propone que Procasa establezca una coordinación específica con la Junta de Andalucía. Esa colaboración tendría como finalidad trasladar al Gobierno autonómico las situaciones detectadas y analizar posibles recursos habitacionales dentro de las competencias y programas de la Administración andaluza.

La formación afirma que algunos de estos casos ya fueron expuestos durante el Pleno municipal celebrado en julio. Posteriormente, representantes de Mujeres Vecinales y varias de las personas afectadas mantuvieron una reunión con el alcalde de Cádiz, Bruno García, de acuerdo con el relato del grupo proponente.

A partir de esos contactos, AIG sostiene que el Ayuntamiento y el alcalde conocen directamente las situaciones planteadas. Fernández reclama que ese conocimiento se traduzca en el uso de los mecanismos municipales disponibles, así como en el seguimiento y acompañamiento de las familias mientras se busca una alternativa residencial.

La portavoz adjunta critica además la aplicación del protocolo antidesahucios durante el actual mandato municipal. A su juicio, el Ayuntamiento debe intervenir tanto de forma preventiva como cuando la emergencia ya se ha producido, además de ejercer de interlocutor ante otras administraciones con competencias en vivienda.

La moción que llegará al Pleno concentra así sus peticiones en tres líneas: la aplicación preventiva del protocolo antidesahucios, el trabajo conjunto de Procasa y Servicios Sociales y la coordinación con la Junta de Andalucía. El debate permitirá a los grupos municipales pronunciarse sobre estas medidas y sobre la atención a los casos trasladados por Mujeres Vecinales.