Una familia con tres menores reclama a AVRA un alquiler social para evitar su desahucio en Cádiz

Estefanía asegura que ha solicitado sin respuesta una negociación con la agencia pública, mientras el Sindicato de Inquilinas denuncia que el conflicto por el desahucio en Cádiz ha terminado en la vía penal.

Estefanía, una mujer con tres hijos menores, ha reclamado este martes a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) una alternativa habitacional y la posibilidad de regularizar su situación mediante un alquiler social. La afectada se enfrenta a un procedimiento penal promovido por la entidad pública para que abandone la vivienda en la que reside.

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz se ha concentrado ante los juzgados situados en la plaza de Madrid coincidiendo con la comparecencia judicial de Estefanía y su pareja. El colectivo sostiene que AVRA ha optado por judicializar el caso pese a los intentos realizados para abrir una negociación.

La afectada ha explicado que su objetivo no es permanecer gratuitamente en el inmueble, sino alcanzar un acuerdo que le permita abonar una renta adaptada a sus circunstancias. “Yo no quiero estar de gratis; quiero pagar mi alquiler”, ha afirmado antes de entrar en los juzgados.

Estefanía asegura que ha presentado varios escritos para solicitar una reunión y que no ha recibido ninguna propuesta por parte de AVRA. Según su testimonio, la falta de respuesta la coloca ante la posibilidad de perder su domicilio sin disponer de otro lugar al que trasladarse con sus tres hijos.

“Me veo en la calle con tres menores, sin ninguna alternativa habitacional”, ha manifestado. La mujer ha insistido en que continúa dispuesta a sentarse con la agencia autonómica para buscar una solución que evite la pérdida de la vivienda y le permita asumir el pago de un alquiler.

Una portavoz del Sindicato de Inquilinas ha señalado que la concentración pretende respaldar a la familia y reclamar que la Administración autonómica utilice vías menos perjudiciales que el procedimiento penal. La organización considera que una agencia pública de vivienda debe priorizar la mediación cuando existen menores y una situación de vulnerabilidad.

El colectivo afirma haber remitido escritos en representación de Estefanía y de otra afectada, Sonia, sin que se haya celebrado una reunión. A juicio del sindicato, la respuesta recibida hasta el momento ha sido la continuación de los procedimientos judiciales.

Sonia se enfrenta a otro proceso relacionado con una vivienda de AVRA. Según la versión ofrecida durante la concentración, la agencia ha solicitado autorización judicial para entrar en el inmueble y recuperarlo. El Sindicato de Inquilinas asegura que la mujer reside allí desde hace cerca de diez años y continúa abonando mensualmente los recibos asociados a la vivienda.

La organización reclama a la delegada territorial competente en materia de vivienda, Carmen Sánchez Barrera, que intervenga para abrir una negociación con ambas familias. El sindicato la señala como responsable política de las actuaciones desarrolladas por AVRA en la provincia de Cádiz.

El colectivo pide que se estudien las circunstancias particulares de cada caso y que, si las familias no pueden permanecer en los actuales inmuebles, se les facilite una alternativa antes de ejecutar su salida. La principal reivindicación es evitar que los menores queden sin una solución residencial.

Las declaraciones ofrecidas ante los juzgados recogen únicamente las versiones de Estefanía Gómez y del Sindicato de Inquilinas. AVRA no ha trasladado en la información disponible su posición sobre el origen del procedimiento, la situación administrativa de la vivienda ni las solicitudes de negociación mencionadas por las afectadas.

El resultado de la comparecencia penal determinará la evolución inmediata del caso de Estefanía y Alex. Mientras tanto, la familia mantiene su petición de alcanzar un acuerdo que le permita pagar una renta y continuar en una vivienda estable junto a sus tres hijos.