FACUA pide revisar la gestión inmobiliaria del Obispado de Cádiz tras el mensaje del papa sobre los desahucios

La asociación cuestiona la gestión inmobiliaria del Obispado de Cádiz y Ceuta y reclama soluciones negociadas en los conflictos que afectan a inquilinos y familias vulnerables

FACUA Cádiz ha reclamado al Obispado de Cádiz y Ceuta que revise su política de gestión inmobiliaria y busque soluciones negociadas para evitar la pérdida de viviendas, especialmente en los casos que afectan a personas mayores, familias vulnerables o antiguos trabajadores de instituciones religiosas. La petición se produce después de que el papa León XIV instara a la Iglesia y a las administraciones a actuar ante los desahucios.

La organización de consumidores considera que existe una contradicción entre esas declaraciones y la gestión inmobiliaria del Obispado de Cádiz en varios conflictos registrados durante los últimos años en Cádiz y San Fernando. FACUA sostiene que los principios defendidos por el pontífice deberían aplicarse también a la administración del patrimonio de las diócesis.

León XIV se refirió al desahucio de una mujer identificada como Maricarmen y pidió a las autoridades que buscaran soluciones al problema de la vivienda. El pontífice cuestionó que el sistema permita expulsar de su casa a una persona mayor con dificultades y defendió que la Iglesia participe, junto con el resto de la sociedad, en la búsqueda de alternativas más justas.

A partir de estas manifestaciones, FACUA Cádiz ha pedido al Obispado que priorice los acuerdos que permitan a las personas afectadas conservar sus hogares. La asociación plantea que este criterio se aplique particularmente cuando los inmuebles estén ocupados por familias con escasos recursos, personas de edad avanzada o trabajadores que hayan residido durante décadas en propiedades vinculadas a la Iglesia.

Entre los casos citados por la organización se encuentra el de Ildefonso Portillo y Carmen Guerrero, un matrimonio que trabajó durante décadas en el convento de las Capuchinas de San Fernando y residía en una vivienda anexa. La intención del Obispado de recuperar ese inmueble derivó en un prolongado conflicto judicial.

FACUA también menciona el caso de una inquilina de una vivienda situada en la calle Obispo José María Rancés, en Cádiz capital. La afectada denunció que afrontaba un procedimiento de desahucio a raíz de discrepancias relacionadas con el pago del alquiler.

La asociación incorpora además a su reclamación la situación de los vecinos del número 32 de la plaza de las Viudas. En julio de 2026, la Fundación Adolfo Carneiro Cafferata, vinculada al Obispado, comunicó a los residentes de esta finca su decisión de no renovar los contratos de arrendamiento.

La medida afectaba a varias familias que debían abandonar sus viviendas y, según FACUA, algunas se encontraban en circunstancias de vulnerabilidad. La organización encuadra este episodio dentro de las controversias relacionadas con la recuperación de inmuebles urbanos por parte de entidades vinculadas a la diócesis.

FACUA recoge asimismo la consideración del papa de que la Iglesia no debe limitarse a responder ante las emergencias habitacionales, sino analizar las causas estructurales del problema y participar en la búsqueda de soluciones. La asociación utiliza ese planteamiento para pedir cambios concretos en las decisiones del Obispado sobre sus propiedades.

La entidad defiende que las instituciones públicas y privadas deben actuar con responsabilidad social cuando sus decisiones inmobiliarias afectan a personas sin recursos suficientes para acceder a otra vivienda. En su comunicado, también recuerda que el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución española.

La reclamación de FACUA se dirige a que el Obispado negocie alternativas antes de promover actuaciones que puedan terminar con la salida de los residentes. La asociación sostiene que la defensa pública de las personas vulnerables debe reflejarse igualmente en la gestión del patrimonio inmobiliario de la Iglesia en la diócesis.