El sector agroalimentario andaluz exporta 10.548 millones de euros hasta julio de 2026
El sector agroalimentario andaluz comercializó casi 4,6 millones de toneladas en el exterior durante los siete primeros meses del año, según los datos expuestos por la Junta

El sector agroalimentario andaluz alcanzó unas exportaciones de 10.548 millones de euros durante los siete primeros meses de 2026, periodo en el que comercializó casi 4,6 millones de toneladas de alimentos y bebidas en los mercados internacionales. Los datos fueron presentados el 30 de septiembre por el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, durante su intervención en el Forbes Agro-Food Summit.
La cifra mantiene el peso de las ventas al exterior dentro de una actividad que cerró 2025 con un récord anual de 15.674 millones de euros en exportaciones. Según la información trasladada por el consejero, el sector agroalimentario de Andalucía reúne a más de 6.000 empresas, emplea a cerca de 62.000 personas y genera un volumen de negocio anual superior a 22.140 millones de euros.
Fernández-Pacheco centró su intervención en los principales desafíos de la agricultura y la agroindustria andaluzas, entre ellos la disponibilidad de agua, el relevo generacional, la modernización de las explotaciones y el futuro de la Política Agraria Común (PAC). El representante de la Junta situó la rentabilidad y la competitividad como condiciones necesarias para mantener la actividad.
En materia de relevo generacional, la Consejería de Agricultura ha aprobado durante los últimos siete años y medio ayudas por un total de 343 millones de euros para facilitar la incorporación de 5.641 jóvenes al sector agrario andaluz. Dentro de ese balance se encuentra una última convocatoria dotada con 130 millones de euros.
El consejero defendió que la implantación de nuevas tecnologías debe ir acompañada de la entrada de profesionales en el campo. “Podemos hablar de inteligencia artificial, de robots o de biotecnología, pero se necesitan personas que sigan trabajando en el campo. Son insustituibles”, afirmó durante el encuentro.
El agua ocupó otra parte de su intervención. La Junta mantiene actualmente en ejecución 118 obras hidráulicas por un importe conjunto de 734 millones de euros, una relación que incluye actuaciones vinculadas al regadío. El Gobierno andaluz engloba en esta línea proyectos de modernización, eficiencia y digitalización, además de infraestructuras de regeneración y desalación.
Fernández-Pacheco anunció también la futura aprobación de la primera Ley de Regadío Sostenible de Andalucía. El planteamiento expuesto por el consejero vincula esta norma con el peso de la agricultura de regadío, a la que atribuyó el 64% de la producción agraria y el 63% del empleo agrario de la comunidad.
La modernización de los sistemas productivos constituye, según la posición trasladada por la Consejería, otra de las vías para mejorar la competitividad de las explotaciones. Fernández-Pacheco citó como ejemplos los invernaderos de Almería, los sistemas inteligentes de riego, el control biológico de plagas, la robótica y la automatización.
Entre los instrumentos impulsados por la Administración autonómica mencionó el Plan Estratégico de Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía y el proyecto Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub. Esta última iniciativa, liderada por el Gobierno andaluz, está orientada a incorporar innovación y digitalización a la actividad agroalimentaria.
La intervención coincidió con la presentación de una lista elaborada por Forbes con 50 profesionales considerados influyentes dentro del sector agroalimentario andaluz. La selección incluye perfiles procedentes del ámbito empresarial, la dirección de compañías, la producción, la investigación, el cooperativismo y la divulgación.
El consejero se refirió asimismo a la negociación del nuevo modelo de Política Agraria Común, que calificó como el principal reto que afronta actualmente el sector. La posición defendida por la Junta reclama que la PAC cuente con un presupuesto propio y mantenga una estructura basada en dos pilares, además de reservar capacidad de intervención a las regiones.
La Junta relaciona estas demandas con la necesidad de sostener la rentabilidad de las explotaciones y financiar los procesos de modernización y adaptación tecnológica. Fernández-Pacheco incluyó entre las prioridades la digitalización, la tecnificación y la innovación, junto con las políticas destinadas a facilitar la incorporación de jóvenes y asegurar recursos hídricos para la actividad agraria y agroindustrial.


