La Junta convoca 382.000 euros en ayudas a los consejos reguladores de Andalucía

Las ayudas a los consejos reguladores de Andalucía incorporan como beneficiarias a asociaciones que representen al menos al 60% de estas entidades y cubren gastos realizados durante 2025

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha abierto este 2 de octubre la convocatoria de 2026 de ayudas a los consejos reguladores de Andalucía para la gestión de denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP). La línea cuenta con más de 382.000 euros de fondos propios de la Junta e incluye por primera vez a determinadas asociaciones representativas del sector.

La convocatoria está dirigida a los consejos reguladores de las denominaciones de calidad agroalimentaria, entre ellos los que desarrollan su actividad en la provincia de Cádiz, dentro de una línea de alcance autonómico. Las subvenciones financiarán gastos efectuados durante 2025 relacionados con la gestión y defensa de las DOP e IGP.

La principal novedad es la ampliación de los posibles beneficiarios a asociaciones sin ánimo de lucro que representen, como mínimo, al 60% de los consejos reguladores de denominaciones de calidad agroalimentaria cuya actividad se desarrolle principalmente en Andalucía. Estas organizaciones podrán recibir financiación para tareas conjuntas de representación y defensa de los productos amparados por figuras de calidad diferenciada.

El extracto de la convocatoria se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). A partir del 2 de octubre, las entidades interesadas disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes.

Las cuantías por consejo regulador podrán alcanzar un máximo de 20.000 o 40.000 euros, en función del presupuesto ejecutado por cada entidad. Para las asociaciones incorporadas a esta convocatoria se establece un límite de 40.000 euros por beneficiario.

Entre los conceptos que pueden recibir financiación se encuentran los gastos del personal encargado de la gestión, los sistemas de identificación y trazabilidad de los productos, los servicios técnicos vinculados a la calidad agroalimentaria y las herramientas informáticas. También se incluyen auditorías, acciones de formación y otros servicios necesarios para el funcionamiento de las entidades.

En el caso de las asociaciones, la convocatoria contempla además los gastos de manutención, alojamiento y dietas derivados de sus funciones de representación. Estas partidas deberán estar relacionadas con la asistencia a actos y eventos destinados a defender o promover el reconocimiento de los productos acogidos a denominaciones de calidad.

Los consejos reguladores se ocupan de gestionar y proteger las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Estas figuras identifican alimentos y bebidas elaborados en un territorio determinado y sujetos a los criterios incluidos en el pliego de condiciones correspondiente, como los relativos al origen, los métodos de producción o las características del producto.

La Consejería enmarca estas ayudas en el respaldo a los alimentos y bebidas andaluces vinculados a un origen geográfico y a requisitos específicos de elaboración. Según el departamento autonómico, las denominaciones de calidad aportan diferenciación frente a otras producciones y repercuten en agricultores, ganaderos y empresas agroindustriales asentadas en el medio rural.

La Administración andaluza sostiene también que la incorporación de las asociaciones permitirá coordinar la representación de los consejos reguladores ante organismos y entidades públicas y privadas. Hasta ahora, la línea se centraba en financiar directamente la actividad desarrollada por cada uno de los consejos.

La convocatoria de 2026 continúa un programa de subvenciones que, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Agricultura, ha supuesto cerca de 1,6 millones de euros abonados entre 2019 y 2026. Los fondos se han distribuido entre consejos reguladores de denominaciones de calidad diferenciada de las ocho provincias andaluzas.

La ayuda de este año se concentra en los costes asumidos durante 2025 para garantizar el funcionamiento de estas entidades, controlar el cumplimiento de los requisitos de cada denominación y mantener los mecanismos de trazabilidad. También cubre actuaciones técnicas y administrativas relacionadas con la defensa de los nombres protegidos y el reconocimiento de los productos en el mercado.