Andalucía aprueba un plan hasta 2030 para reforzar la salud mental de menores protegidos

El plan de salud mental de menores protegidos prevé coordinar los servicios sanitarios y sociales, formar a profesionales y extender un modelo probado con unos 40 niños y adolescentes

La Junta de Andalucía ha aprobado un plan de acción para reforzar entre 2026 y 2030 el bienestar emocional y la salud mental de menores protegidos por la Administración autonómica. La iniciativa pretende coordinar la intervención de los servicios sanitarios, sociales y de protección a la infancia, facilitar la detección temprana de problemas y mejorar el seguimiento de los casos.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del proyecto del que surge esta planificación, denominado ‘Prioridad al bienestar emocional y salud mental de los niños, niñas y adolescentes’. En su desarrollo participan las consejerías de Presidencia, Sanidad y Emergencias y Servicios Sociales, Familias e Igualdad, que compartirán la gestión de las actuaciones.

El programa plantea sustituir un modelo centrado principalmente en intervenir cuando aparece una crisis o un trastorno por otro orientado a la prevención y la creación de entornos seguros y estables. También contempla actuaciones para abordar de forma temprana el trauma y las consecuencias de las experiencias adversas durante la infancia.

Uno de los principales objetivos es reducir la fragmentación entre los servicios sociales y sanitarios que atienden a los menores incluidos en el sistema de protección. Para ello, el plan establece estructuras de coordinación en los ámbitos autonómico, provincial y local, junto con mecanismos de seguimiento de las medidas y elaboración de informes.

En el nivel autonómico se constituirá un comité director integrado por los responsables de los órganos que impulsan el plan. También habrá un comité técnico, formado por jefes de servicio y asesores, y un comité asesor con especialistas de los ámbitos científico, académico y asistencial.

El proyecto ha incluido una intervención piloto con aproximadamente 40 menores que ya se encuentran en el sistema de protección de la infancia o que van a incorporarse a él. La experiencia ha combinado la identificación precoz, la gestión individual de los casos y la atención de seguimiento, con la participación conjunta de los servicios sanitarios y de protección a la infancia y la adolescencia.

En el pilotaje han intervenido profesionales del sistema de protección y de los equipos de tratamiento familiar. Los participantes han recibido formación en habilidades básicas de salud mental y apoyo psicosocial, detección de dificultades y gestión de casos.

Entre las herramientas empleadas figura el Cuestionario de Capacidades y Dificultades, conocido por sus siglas en inglés SDQ. La formación ha abordado su administración, puntuación e interpretación, con el propósito de establecer criterios comunes para la detección, las derivaciones y la atención preferente de los menores.

El plan prevé aplicar este protocolo de cribado y gestión de casos para mejorar la colaboración entre profesionales de distintas disciplinas. Las actuaciones abarcarán la promoción del bienestar emocional, la prevención y la atención psicológica y psicosocial, además de la coordinación con los programas de atención psicoterapéutica, violencia sexual y tratamiento familiar.

La planificación también contempla elaborar mapas de recursos en los ámbitos local y provincial. Estos instrumentos estarán destinados a identificar los servicios disponibles y facilitar la comunicación y las intervenciones conjuntas entre las áreas implicadas en cada territorio.

Otra de las líneas de trabajo será reforzar la atención especializada desde una perspectiva de género, cultural y de discapacidad. El modelo incluirá atención centrada en el trauma, cuidados institucionales, intervenciones psicosociales y medidas temporales de apoyo familiar, coordinadas entre los servicios de salud mental y protección de menores.

La Escuela Andaluza de Salud Pública y el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía colaborarán en la elaboración de un marco de capacitación para los profesionales. La formación se dirigirá a trabajadores de servicios sociales y de protección de menores, recursos educativos, atención primaria, salud mental y justicia juvenil.

El programa incorporará igualmente recursos y guías para el personal de los centros de menores, los equipos sanitarios y los profesionales que trabajan en programas de intervención familiar y atención a víctimas de violencia sexual. La finalidad es que los distintos servicios compartan procedimientos para identificar y atender las necesidades emocionales y psicológicas.

El seguimiento incluirá el refuerzo de los sistemas de información, comunicación y derivación entre las áreas sanitaria y de protección. El plan plantea avanzar en la interoperabilidad de estos sistemas y en la recopilación periódica de datos para evaluar su aplicación.

También se realizarán encuestas a menores, padres, cuidadores y profesionales como parte del sistema de monitorización. Sus resultados se incorporarán al seguimiento de las medidas previstas hasta 2030.

El proyecto se desarrolla con financiación de la Unión Europea a través del Instrumento de Apoyo Técnico y cuenta con el asesoramiento científico y técnico de la oficina de Unicef para Europa y Asia Central. Andalucía participa en esta iniciativa junto con Chipre, Italia y Eslovenia, territorios que trabajan en la revisión de sus respectivos modelos de atención a la salud mental de la infancia protegida.