CSIF rechaza la privatización de la vigilancia portuaria en Andalucía y cifra el sobrecoste en un 25%

El sindicato sostiene que la privatización de la vigilancia portuaria en Andalucía trasladará a empresas privadas tareas desempeñadas por la Policía Portuaria y agravará el déficit de plantilla de la Agencia Pública de Puertos.

CSIF ha denunciado este 14 de octubre la licitación de los servicios de seguridad y control en los puertos gestionados por la Junta y ha pedido que se mantengan bajo gestión pública. El sindicato sostiene que la privatización de la vigilancia portuaria en Andalucía supondría trasladar a trabajadores de empresas privadas funciones que actualmente corresponden a la Policía Portuaria.

La organización, mayoritaria en el comité intercentros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), asegura que la contratación externa afectará a tareas de seguridad, vigilancia y control dentro de los recintos portuarios. Entre ellas incluye la supervisión de las instalaciones, las actividades y los distintos espacios de los puertos autonómicos.

Según expone CSIF, los agentes de la Policía Portuaria cuentan con atribuciones específicas vinculadas al cumplimiento de la normativa del sector. El sindicato señala que son los profesionales con autoridad para formular denuncias y levantar actas ante infracciones detectadas dentro de las instalaciones portuarias, competencias que, según advierte, no tendría el personal de seguridad privada.

A partir de esta diferencia de funciones, la organización sindical cuestiona que la externalización pueda garantizar el mismo nivel de control. También considera que el cambio modificaría de forma sustancial la naturaleza de unas tareas que hasta ahora son desarrolladas por empleados de la Administración pública, al pasar a personal sometido a otro marco laboral y con distintas responsabilidades.

Representantes de CSIF han trasladado recientemente su rechazo a la dirección de la APPA durante una reunión. El sindicato acusa a la agencia de haber impulsado la contratación sin informar previamente a los representantes de los trabajadores y reclama que cualquier decisión que afecte a la organización del servicio y a la plantilla sea abordada con el comité intercentros.

La central sindical vincula además la licitación con la continuidad de la categoría profesional de Policía Portuaria en los puertos dependientes de la Junta. A su juicio, la adjudicación del servicio a una empresa externa supondría la desaparición progresiva de esta categoría y reduciría el empleo público estable y especializado dentro de la agencia.

CSIF sitúa esta decisión en un contexto de falta de personal en la APPA. De acuerdo con sus cálculos, la agencia mantiene un déficit estructural de plantilla del 30%, una situación que la organización ha denunciado durante las concentraciones convocadas en los últimos meses para reclamar mejoras laborales y la negociación de un nuevo convenio colectivo.

El sindicato también cuestiona el coste económico de la contratación. Según sus estimaciones, adjudicar las tareas de vigilancia a una empresa privada representaría un incremento aproximado del 25% respecto al coste de prestar el servicio directamente con personal de la Administración. Esa cifra corresponde a cálculos de la propia organización sindical.

Otro de los argumentos planteados se refiere al régimen de responsabilidades en caso de incidentes durante el servicio. CSIF señala que, con el modelo externalizado, las obligaciones derivadas de la relación laboral y empresarial recaerían en la compañía adjudicataria conforme a la normativa aplicable, en lugar de hacerlo directamente en la Junta de Andalucía.

La organización sostiene que este cambio resulta especialmente relevante en tareas desarrolladas en instalaciones y espacios portuarios que pueden presentar determinados niveles de riesgo. Por ello, defiende que su prestación mediante personal público ofrece un marco específico de atribuciones y responsabilidades ligado a la autoridad portuaria.

La licitación afecta a los puertos cuya gestión corresponde a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. CSIF reclama que se paralice la externalización y que las necesidades del servicio se cubran mediante la consolidación y ampliación de las plantillas públicas de la Policía Portuaria.