El Código Ético de la UCA incorpora la inteligencia artificial, la investigación y la sostenibilidad

El Código Ético de la UCA actualiza más de veinte años después el denominado Código Peñalver y mantiene su carácter orientador, sin órganos ni mecanismos sancionadores

La Universidad de Cádiz ha actualizado su código ético más de veinte años después de la aprobación del Código Peñalver para incorporar cuestiones como la integridad en la investigación, la inteligencia artificial, la diversidad, la inclusión y el desarrollo sostenible. El Código Ético de la UCA mantiene su carácter orientador y no contempla la creación de comités específicos ni de procedimientos sancionadores.

La revisión ha contado con la participación de los profesores Francisco Vázquez, Jesús González, Juan Carlos Mougán y Cándido Martín, que han elaborado conjuntamente sus consideraciones sobre el nuevo texto. Durante el proceso, la comunidad universitaria presentó más de 80 aportaciones, algunas de las cuales permitieron corregir aspectos formales e introducir cambios de contenido.

Entre las principales novedades figura un apartado específico sobre la actividad investigadora, que no estaba incluido en el documento original. El nuevo código aborda también los cambios derivados de la digitalización, el uso de la inteligencia artificial y la evolución de la UCA hacia una institución más internacional y vinculada a procesos globales.

El texto incorpora, además, la atención a la diversidad y la inclusión y refuerza la presencia de la sostenibilidad entre sus principios generales. Según explican los cuatro profesores, este último aspecto ya aparecía en la propuesta inicial, pero no estaba recogido expresamente entre los principios comunes. Las observaciones recibidas durante la revisión llevaron a corregir esa omisión.

La actualización conserva parte de la estructura del Código Peñalver. Primero formula los principios éticos generales y después los aplica a los distintos ámbitos de la vida universitaria: docencia, aprendizaje del alumnado, investigación, gobierno y representación, gestión, administración y servicios.

Entre los principios dirigidos al conjunto de la comunidad universitaria se encuentran la integridad profesional, la libertad académica, el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad y el trato justo. También figuran la responsabilidad profesional y el compromiso social, público y medioambiental de la institución.

El código se dirige al estudiantado, al profesorado y al personal técnico, de gestión, administración y servicios, aunque concreta responsabilidades diferentes según las funciones de cada colectivo. Su propósito es ofrecer criterios para orientar decisiones y comportamientos en situaciones que no pueden resolverse únicamente mediante la aplicación de una norma.

Los responsables de la revisión señalan que el documento no sustituye a la normativa jurídica ni establece un nuevo régimen disciplinario. Su función es servir como referencia para la reflexión y la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, y favorecer unas relaciones basadas en el respeto, la confianza y la cooperación.

La ausencia de un comité ético sancionador responde a la concepción de que la aplicación y revisión del código corresponde al conjunto de la comunidad universitaria. Los profesores consideran que atribuir esa función a un órgano especializado podría generar dinámicas de desconfianza o censura. Los principios del documento sí podrán alegarse en reclamaciones presentadas ante los servicios universitarios cuando una conducta se considere contraria a sus orientaciones.

El uso de la inteligencia artificial ocupa un espacio específico dentro de la actualización. El criterio general recogido en el texto es que estas herramientas no deben “sustituir el ejercicio del juicio que corresponde a cada miembro de la comunidad universitaria”. Su utilización en la docencia, la investigación o la gestión debe contribuir, según los autores de la revisión, al desarrollo de la autonomía intelectual, las capacidades personales y profesionales y la responsabilidad de cada usuario.

El código no establece soluciones cerradas para los posibles conflictos derivados de estas tecnologías ni para otros dilemas habituales. Plantea la deliberación y el contraste de argumentos como mecanismos para aplicar unos principios generales a cada caso concreto.

Entre los ejemplos citados figuran la situación de un docente que debe mantener criterios de evaluación iguales para todo el alumnado, pero se encuentra ante circunstancias personales que podrían justificar un trato diferente. También se contempla el conflicto entre la libertad académica y el rechazo de estudiantes a posiciones que consideran controvertidas, así como las tensiones entre eficiencia, justicia y equidad en decisiones administrativas o de gobierno.

La actividad investigadora recibe una atención diferenciada por los desafíos asociados a la inteligencia artificial, las presiones económicas y comerciales y el aumento de la competitividad. El documento plantea como referencias la independencia, el rigor, la integridad y la responsabilidad profesional y social de quienes desarrollan investigaciones, junto con su vinculación a los fines públicos de la universidad.

La revisión mantiene una formulación general para evitar una regulación exhaustiva de cada posible situación. Algunas de las aportaciones recibidas no se incorporaron al entender los redactores que planteaban políticas o medidas propias de un programa de gobierno, más allá de la función orientadora de un código ético.

Los cuatro profesores sostienen que el documento debe ayudar a la UCA a actuar de forma coherente con los valores que proclama. Su aplicación dependerá de las decisiones cotidianas de los distintos colectivos universitarios y del diálogo ante los desacuerdos que surjan en la docencia, la investigación, la gestión o el gobierno de la institución.