Cádiz se suma a la declaración para crear la Alianza Iberoamérica 500+

La Alianza Iberoamérica 500+ plantea una red permanente de ciudades históricas para cooperar en patrimonio, regeneración urbana, turismo, demografía e innovación tecnológica.

Cádiz se ha adherido a la Declaración de Santa Marta, el documento que establece las bases para constituir la Alianza Iberoamérica 500+, una red de cooperación destinada a ciudades con más de cinco siglos de historia o con centros históricos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. El alcalde, Bruno García, firmó el texto junto a otros regidores de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) durante un encuentro celebrado en Madrid.

La declaración tiene por objetivo crear un espacio permanente de colaboración e intercambio entre municipios iberoamericanos para abordar asuntos como la conservación del patrimonio, la regeneración de los centros históricos, los cambios demográficos, la actividad turística y la incorporación de tecnología a la gestión urbana. La iniciativa también podrá incorporar a ciudades que cumplan 500 años antes de 2050.

La firma se produjo durante el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la UCCI, entidad de la que forma parte Cádiz, y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La reunión sirvió como antesala de la Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno prevista para los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

La cumbre regresará así a España después de la edición de 2012, que tuvo como sede Cádiz. La participación gaditana en la nueva alianza se vincula precisamente a su condición de ciudad histórica y a su experiencia en la gestión de un entorno urbano con un amplio legado cultural y patrimonial.

La Declaración de Santa Marta expresa la intención de las ciudades firmantes de compartir soluciones ante problemas que, según recoge el documento, han cambiado de naturaleza con respecto a los afrontados en otras etapas históricas. Los municipios plantean transformar esos retos comunes en una agenda de actuación y utilizar su experiencia acumulada para avanzar hacia modelos urbanos que describen como más justos, sostenibles y resilientes.

Bruno García señaló que la incorporación de Cádiz permitirá poner en común experiencias con otras ciudades y analizar desafíos compartidos. “Nos va a servir para poner en común las experiencias de otras muchas ciudades y compartir los desafíos que se nos presentan en el futuro”, afirmó el alcalde.

El documento recoge diez objetivos. El primero se centra en proteger y dinamizar el patrimonio cultural e histórico, tanto material como inmaterial, y vincular su conservación con el desarrollo territorial, la identidad de las ciudades, la economía local y la cohesión social. También plantea garantizar la transmisión de ese legado a las siguientes generaciones.

Otro de los ejes es la regeneración de los centros históricos mediante inversiones en infraestructuras públicas y medidas destinadas a reducir la segregación socioespacial y reforzar el uso del espacio público. La alianza incluye además el análisis de las transiciones demográficas y de sus efectos económicos, sociales y urbanos, con el propósito de adaptar los servicios, el empleo y las condiciones de vida a los diferentes grupos de edad.

El turismo ocupa igualmente una parte de la declaración. Las ciudades firmantes proponen gestionarlo de manera equilibrada, teniendo en cuenta sus efectos sobre el territorio, la distribución de sus beneficios y los cambios urbanos asociados a esta actividad. A ello se suma el impulso de la educación patrimonial, la participación ciudadana y la formación de los agentes turísticos.

La incorporación de herramientas digitales constituye otro de los objetivos. El texto plantea utilizar la tecnología para mejorar la administración pública, la prestación de servicios, la atención a problemas sociales y la toma de decisiones basada en datos.

La futura Alianza Iberoamérica 500+ también pretende establecer redes activas para intercambiar conocimientos, dificultades, experiencias y prácticas aplicadas en la gestión de territorios y espacios históricos. Esa cooperación podrá traducirse en proyectos conjuntos con alcance regional e internacional y en la transferencia entre municipios de los aprendizajes acumulados.

La declaración incorpora una perspectiva de planificación a largo plazo para anticipar riesgos y oportunidades, diseñar escenarios futuros y reforzar la capacidad de respuesta de las ciudades. El horizonte simbólico fijado por el documento alcanza los próximos 500 años.

El último de los ámbitos incluidos se refiere a la gobernanza. La alianza propone abrir el diálogo entre administraciones públicas, empresas, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía para buscar respuestas compartidas a la conservación del patrimonio y a la evolución futura de las ciudades integrantes.