Trabajo propone retirar el amianto del Parque Móvil de Cádiz en un plazo máximo de doce meses

El informe sobre el Parque Móvil de Cádiz también exige revisar la instalación eléctrica y plantea tres meses para reparar las dependencias; Autonomía Obrera reclama ejecutar la reforma anunciada por el Ayuntamiento.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha emitido una propuesta de requerimiento al Ayuntamiento para retirar la cubierta de fibrocemento con amianto del Parque Móvil de Cádiz y corregir deficiencias eléctricas y de conservación. El documento, fechado el 6 de octubre, establece un plazo máximo de doce meses para sustituir la cubierta y contempla medidas preventivas mientras se ejecuta esa actuación.

La intervención inspectora comenzó con una visita realizada el 1 de junio de 2026 al depósito municipal de vehículos, situado en la calle La Línea de la Concepción. La respuesta oficial, facilitada por Autonomía Obrera junto a su denuncia pública, identifica tres ámbitos de actuación relacionados con la seguridad y la salud de la plantilla.

Respecto al amianto, la Inspección considera prioritaria su eliminación total de las instalaciones. Por ello, requiere sustituir la cubierta por un material que no entrañe riesgos para los trabajadores. El plazo de doce meses se contará desde la notificación de la propuesta de requerimiento o del requerimiento definitivo, en su caso.

Hasta que se complete la retirada, el documento señala que deben implantarse medidas técnicas u organizativas para reducir al mínimo el riesgo de exposición. Entre las posibilidades menciona el encapsulamiento de las zonas expuestas y accesibles de la cubierta y el teletrabajo cuando las funciones del puesto lo permitan.

Autonomía Obrera señala en su comunicado que las mediciones ambientales realizadas no detectaron fibras de amianto en el aire en el momento de la evaluación. Ese dato no figura en la respuesta inspectora adjunta, que centra sus indicaciones en prevenir la posible exposición y eliminar el material.

El segundo bloque afecta a la instalación eléctrica. La Inspección constata elementos que no se ajustan a la normativa técnica aplicable y que pueden comprometer la seguridad, especialmente en relación con incendios, explosiones y contactos eléctricos directos o indirectos.

En este apartado, exige acometer de forma inmediata y mantener permanentemente las revisiones periódicas y el mantenimiento preventivo. También reclama subsanar los defectos identificados por el Organismo de Control Autorizado dentro de los plazos establecidos en su informe técnico.

La tercera deficiencia se refiere al estado de conservación de los lugares de trabajo. La propuesta requiere adecuar los espacios mediante mantenimiento y reparaciones conforme a una evaluación de riesgos actualizada. Además, indica que deben restringirse y señalizarse los accesos a las zonas clausuradas e inoperativas, especialmente cuando entrañen peligro.

Para estas actuaciones, el inspector propone tres meses para la adecuación de las instalaciones y un mes para colocar la señalización de seguridad. El documento comunica una propuesta de medidas correctoras, sin recoger la imposición de una sanción económica.

A partir de esta respuesta, Autonomía Obrera reclama explicaciones sobre una inversión de 350.000 euros que, según el sindicato, el alcalde había anunciado siete meses antes para reformar el Parque Móvil. La organización pide conocer qué actuaciones se han desarrollado, cuál es la situación administrativa y presupuestaria de esa cantidad y cuándo comenzarán las obras.

El sindicato sostiene que las deficiencias llevan años siendo denunciadas y sitúa sus primeras reclamaciones públicas en 2017. También recuerda una actuación inspectora recogida por medios de comunicación en enero de 2018 y considera insuficientes las reparaciones parciales realizadas desde entonces.

Autonomía Obrera solicita un calendario concreto de ejecución, información para la representación sindical y un seguimiento periódico de las medidas. Su reclamación se dirige al gobierno municipal y a los responsables del área, a quienes exige garantizar la seguridad de quienes trabajan en estas dependencias.