Educación abre un expediente por incidencias en comedores escolares de Andalucía

La Junta exige a la empresa responsable de los comedores afectados un plan de refuerzo con más controles, personal y mayores raciones en los comedores escolares de Andalucía

La Consejería de Educación ha abierto un expediente por incidencias relacionadas con las cantidades y la elaboración de los platos en varios comedores escolares de Andalucía. La Administración autonómica también ha exigido a la empresa responsable un plan para reforzar los controles de calidad y determinará si corresponde imponer una sanción por incumplimiento del contrato.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, aseguró el 22 de octubre que las anomalías detectadas son puntuales y no constituyen un problema generalizado en la red andaluza de comedores. Según expuso durante una intervención pública, los hechos se están cuantificando para establecer la calificación de la posible infracción conforme al pliego de condiciones del servicio.

Castillo sostuvo que las incidencias se refieren a las cantidades servidas o a la elaboración de los platos y afirmó que la seguridad alimentaria no se ha visto afectada. La Consejería ha recabado y contrastado información sobre lo ocurrido dentro del expediente abierto antes de decidir si aplica una sanción.

La empresa encargada de los comedores afectados ya ha presentado el plan de refuerzo requerido por Educación. Entre las medidas previstas figuran un aumento de la supervisión y del personal de control, el incremento de las cantidades incluidas en las raciones y una revisión de las plantillas utilizadas para confeccionar los menús.

El plan contempla además la organización de catas con las familias. Estas actuaciones se aplicarán junto a los mecanismos ordinarios de seguimiento del servicio, que, según la consejera, se intensifican cuando se registra alguna incidencia.

Los comedores escolares atienden cada día a unos 188.000 alumnos en 2.056 centros educativos de la comunidad autónoma. En conjunto, sirven alrededor de 20 millones de menús durante cada curso, de acuerdo con las cifras facilitadas por la Consejería de Educación.

El control de la calidad y la seguridad de las comidas corresponde tanto a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias como a la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Educación mantiene que los diferentes sistemas utilizados para prestar el servicio están sujetos a las mismas garantías higiénico-sanitarias y nutricionales.

La red combina tres modelos de gestión. Una parte de los comedores está gestionada directamente por la Junta de Andalucía, con empleados públicos que preparan los platos en cocinas propias. En otros centros, el servicio se adjudica a empresas que elaboran los menús en las instalaciones de los propios colegios.

El tercer sistema corresponde a empresas de catering que preparan la comida en cocinas centrales y la transportan posteriormente hasta los centros educativos. La Consejería señala que este modelo también está sometido a controles de seguridad alimentaria durante la elaboración y distribución de los menús.

Los tres sistemas comparten, según Educación, las mismas condiciones nutricionales y sanitarias. También deben cumplir las exigencias recogidas para el uso mayoritario de productos ecológicos y de proximidad, con independencia de que la comida se prepare en el colegio o llegue desde una cocina central.

Además de su función alimentaria, el servicio es utilizado por miles de familias como medida de conciliación laboral. Durante el curso actual, 73.817 familias andaluzas cuentan con algún tipo de bonificación para acceder al comedor escolar, una cifra equivalente al 60,7% de las usuarias.

Dentro del sistema de ayudas, 68.370 familias disponen de gratuidad total, lo que representa el 36,4%. Las condiciones económicas del servicio y el modelo de gestión aplicado en cada colegio varían en función de las características del entorno y de las necesidades del alumnado y las familias.

Castillo defendió que los menús escolares son seguros, saludables y nutritivos, una valoración que vinculó a los controles aplicados por los organismos autonómicos. La apertura del expediente y el plan exigido a la empresa centran ahora la respuesta de la Consejería ante las anomalías detectadas en el cumplimiento del contrato.