AIG pide explicaciones por los pagos a la Policía Local en las playas de Cádiz tras una sentencia contraria al sistema

Lorena Garrón reclama al Gobierno municipal que detalle el coste de los pagos a la Policía Local en las playas de Cádiz y defiende organizar la vigilancia mediante los turnos ordinarios

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) ha reclamado al Gobierno municipal de Cádiz que explique el coste y las consecuencias económicas del sistema de retribuciones de la vigilancia policial de playas, después de una sentencia que, según la formación, ha resuelto a favor de la demanda presentada por el sindicato Autonomía Obrera contra ese modelo.

La portavoz de AIG, Lorena Garrón, ha pedido explicaciones al alcalde, Bruno García, y a los concejales Juancho Ortiz y Mayte González por la implantación de un sistema que su grupo considera injustificado. La formación sostiene que la vigilancia del litoral debe organizarse como un servicio municipal ordinario.

La controversia se centra en la modificación del sistema de trabajo de la Policía Local y en los criterios de asignación del complemento de productividad asociado al dispositivo de playas. Según recuerda AIG, las cuantías aprobadas oscilaban entre 317,65 y 352,94 euros por jornada.

Garrón ha señalado que su grupo ya cuestionó la medida durante el Pleno de septiembre de 2024, cuando salió adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular. Sus críticas se dirigían tanto al importe de los complementos como a la justificación del carácter extraordinario del servicio.

«Lo dijimos en el Pleno de septiembre de 2024 y lo volvemos a decir ahora: esa medida era una barbaridad», ha declarado la portavoz en un comunicado difundido este miércoles 28 de octubre.

AIG ha recuperado también la posición expresada en aquel debate por su concejal Carlos Paradas. El edil defendió entonces que el rechazo de su grupo se refería al sistema de retribuciones y no a los agentes: «No estamos en contra de los trabajadores, estamos en contra de los privilegios».

Tras conocerse la resolución, Garrón ha reclamado una planificación de la vigilancia de playas basada en los recursos y los turnos disponibles. La formación considera que la plantilla cuenta con agentes suficientes para prestar el servicio mediante una reorganización, aunque su nota no aporta cifras de efectivos ni una propuesta concreta de distribución.

«Las playas forman parte de la ciudad y su vigilancia debe organizarse como cualquier otro servicio municipal, con una planificación adecuada de los turnos y de los recursos disponibles», ha sostenido la portavoz.

Además de la organización del dispositivo, AIG ha situado sus demandas en el gasto realizado. Garrón ha pedido que el equipo de Gobierno informe de cuánto dinero se ha destinado a estos complementos y qué efectos económicos tendrá la sentencia para el Ayuntamiento.

La formación no cuantifica en su comunicado el coste acumulado del sistema ni concreta posibles obligaciones económicas derivadas de la resolución. Su reclamación se dirige a que sean los responsables municipales quienes faciliten esos datos y expliquen las decisiones adoptadas.

Según recoge la nota de AIG, el Gobierno local ha anunciado que acata la sentencia y que buscará otras fórmulas para garantizar la seguridad en las playas. Garrón considera insuficiente esa respuesta y exige que se acompañe de explicaciones sobre el modelo aprobado.

La valoración de la formación atribuye a la sentencia el rechazo del sistema de pagos. No obstante, el comunicado no reproduce el fallo ni detalla su alcance jurídico, su firmeza o las posibilidades de recurso.

AIG reclama que el Ayuntamiento aclare esos efectos y concrete cómo organizará en adelante la vigilancia del litoral. «Quienes aprobaron esta medida deben explicar por qué se tomó, cuánto ha costado y qué van a hacer», ha concluido Garrón.