El Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 perseguirá usos turísticos y precios irregulares

El Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 priorizará también el control de inmuebles desocupados y del cumplimiento de los requisitos de acceso

La Junta de Andalucía reforzará durante el periodo 2026-2028 la inspección de las viviendas protegidas para detectar inmuebles desocupados, usos como alojamientos turísticos y operaciones de compraventa o alquiler por encima de los precios máximos autorizados. El nuevo Plan de Inspección de Vivienda Protegida 2026-2028 se aplicará al parque residencial sometido a protección en el conjunto de la comunidad.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio por la que se aprueba esta planificación. Su objetivo es organizar y establecer prioridades para las actuaciones de control sobre las viviendas protegidas, incluidas las existentes en la provincia de Cádiz.

Andalucía cuenta actualmente con 216.482 viviendas protegidas que recibieron la calificación definitiva entre 1996 y 2025. La Junta considera que el volumen de este parque y su distribución territorial requieren una programación específica para comprobar que los inmuebles mantienen el uso y las condiciones correspondientes durante todo su periodo de protección.

Una de las líneas prioritarias será evitar que estas viviendas permanezcan desocupadas. Las inspecciones también buscarán comprobar que sus ocupantes cumplen los requisitos establecidos legalmente para acceder a ellas y detectar posibles irregularidades relacionadas con su utilización.

El plan incluye de forma expresa el control de viviendas protegidas explotadas como alojamientos turísticos. Esta circunstancia se incorpora entre los posibles incumplimientos que deberán investigar los servicios de inspección, junto con la venta o el alquiler de inmuebles por importes superiores a los límites autorizados para este tipo de vivienda.

Las actuaciones se seleccionarán mediante criterios sectoriales, territoriales y cuantitativos. A partir de ellos se fijará un orden de prioridades para determinar las zonas, los objetivos y los inmuebles concretos sobre los que se desarrollarán las inspecciones.

La planificación toma como referencia la experiencia de anteriores programas de control y adapta sus prioridades a la Ley de Vivienda de Andalucía de 2025. También incorpora las nuevas vías disponibles para identificar posibles infracciones en el uso, acceso, alquiler o transmisión de las viviendas sometidas a protección pública.

La ejecución del plan será objeto de seguimiento anual. Cada año se elaborará un informe para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y detectar incidencias en el desarrollo de las actuaciones. Al finalizar su vigencia se realizará, además, una evaluación general de los resultados.

La orden establece una vigencia de dos años desde la aprobación del plan y contempla la posibilidad de ampliarla durante una anualidad adicional. La medida se encuadra en las competencias de inspección y control atribuidas a la Administración autonómica por la legislación andaluza de vivienda, que establece que estas actuaciones deben realizarse de forma planificada y programada.